Empleo público

 

El empleo público es esa parte del derecho administrativo que se encarga de regular las relaciones entre los empleados públicos y las Administraciones u otros organismos públicos en las que prestan sus servicios profesionales diariamente un enorme número de personas. Sin olvidar tampoco, claro está, todo lo concerniente al acceso y provisión a los abundantes puestos de trabajo que anualmente oferta el conjunto de administraciones públicas.

Es por tanto una rama muy singular que trata de ordenar varios regímenes laborales de diversos colectivos: funcionarios, funcionarios interinos, estatutarios, personal laboral, etc, Todos ellos con diferentes situaciones, derechos, deberes y obligaciones a la hora desempeñar sus actividad profesional al servicio de una Administración Pública. Son numerosos los procedimientos que pueden afectar un empleado público, a lo largo de su vida profesional: acceso, provisión e ingreso al puesto de trabajo público, reclasificación del puesto, retribuciones, vacaciones, licencias, niveles, grados y consolidación, permisos, salario, desempeño, comisiones de servicio, excedencias, traslados, promoción interna, antigüedad, reconocimiento de trienios, recursos, reconocimiento de situaciones laborales, etcétera.

Como es de presuponer no son pocos los conflictos, tanto colectivos como individuales, que se dan en esa relación laboral debido a numerosos motivos: expedientes disciplinarios, bajas o suspensiones de empleo y sueldo, despidos, reconocimiento de funciones realizadas, denegación de permisos, reconocimiento de grados de trienios u otros complementos retributivos, promociones internas, desplazamientos, cambios de destino, traslado, moving y acoso laboral, reclamación de asuntos propios «moscosos», entre otros muchos casos frecuentes en el día a día de administrativo.

Pero no hay que olvidar que otras muchas veces la problema viene del lado de la Administración Pública, a la hora de resolver las demandas que se plantean por parte de los empleados públicos o cuando se trata reasignar funciones a los empleados o equilibrar plantillas sobredimensionadas. En esto también podemos ayudarle.

Por eso, siempre es bueno contar con profesionales con un amplio conocimiento del derecho de la función pública, que le asesoren en la resolución de sus problemas laborales ante la administración o que ayuden a ésta para encauzar situaciones con su personal. De tal forma, los abogados especialistas en la materia se encargarán de llevar a cabo el estudio y resolución de los derechos e intereses legítimos tanto en vía administrativa como ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y/o en la Jurisdicción Social, entre otras, en las siguientes materias:

CONSULTAS EMPLEO PÚBLICO

Rellene este sencillo formulario y  empiece a solucionar sus problemas legales con la administración pública.

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  • Realización y asesoramiento en expediente para la elaboración de Relaciones de Puestos de Trabajo. (RPTs)
  • Reasignación de funciones, planes de empleo y reestructuración de plantillas.
  • Asistencia en la negociaciones de pactos de funcionarios o de convenios colectivos laborales.
  • Amortización de puestos de trabajo de funcionarios interinos
  • Jornada de trabajo, vacaciones y permisos de los funcionarios públicos.
  • Tratamiento del régimen de interinos y del personal laboral de caracter indefinido no fijo de plantilla.
  • Conflictos laborales individuales o colectivos
  • Asistencia legal a empleados públicos para el correcto desempeño de las funciones asignadas.
  • Asesoramiento jurídico a administraciones públicas en expendientes de este área.
  • Impugnación de procedimientos de acceso al empleo en la función pública.
  • Moving y acoso laboral
  • Incompatibilidades, jubilaciones y expedientes regulatorios de empleo
  • Asesoramiento jurídicos en expedientes disciplinarios
  • Provisión de puestos de trabajo.
  • Carreras profesionales de los funcionarios públicos.
  • Indemnizaciones y reclamaciones de cantidades y conceptos salariales
  • Situaciones administrativas de los funcionarios.
  • Pérdida de la condición de empleado público y rehabilitación.
  • Incompatibilidades.