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Blog De Edilocal Abogados

Bienvenidos al Blog de Edilocal Abogados. Desde aquí compartiremos con vosotros nuestra visión del mundo administrativo local. Aportaremos noticias, opiniones, enlaces, y comentarios de interés en esta rama del derecho tan desconocida y tan apasionante.

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25
Sep

ROLECE: EL 7º DE CABALLERÍA AL RESCATE! (de momento...)

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Todo parecía perdido, habíamos pasado el Mississipi del 9 de Septiembre y aún nos quedaban muchas millas para llegar a los soleados prados de las licitaciones tramitadas por el procedimiento abierto simplificado. La nueva ley de contratación había nacido hace poco. Entre sus páginas se proclamaba que todos los autónomos y todas las Pymes eran libres e iguales y que en la tierra de las oportunidades habría siempre un lugar para los previamente inscritos. Hace unos días, al pasar por el último puesto fronterizo, la Junta de Contratación de Aragón nos había prevenido que no continuáramos, que todo el esfuerzo sería en vano. Más allá acechaban los órganos de contratación Apaches, comanches y sioux, conocidos por cortar la cabelleras de los desventurados licitadores que en su caravana no contarán, al menos, con un buen certificado de inscripción en el ROLECE. Pero a pesar de ello cientos, miles de licitadores habíamos entrado en territorio desconocido pertrechados con una única solicitud para figurar en el registro de contratistas del Estado (algo desgastada pues había sido realizada hace ya meses).

 

Todo parecía perdido cuando, de repente, a lo lejos se oye la corneta salvadora de la JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, que al galope desciende por la laderas del procedimiento administrativo y en una operación rescate sin igual, bajo el fuego del principio de libre concurrencia a las licitaciones dicta la RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/RECOMENDACI%C3%93N%2024-09-2018%20SIMPLIFICADO%20ROLECE%201%200.pdf

 

En esta recomendación a los órganos de contratación, el Ministerio de Hacienda nos dice (el subrayado es propio del dictamen):

 

Debemos destacar en este punto dos consideraciones principales. La primera es que el legislador no ha sido insensible al hecho de que la exigencia de la inscripción en el ROLECE pueda generar situaciones contrarias a la concurrencia de los licitadores. No puede entenderse de otro modo el hecho de que el propio precepto permita la exigencia del requisito de inscripción en el ROLECE “siempre que no se vea limitada la concurrencia.” En efecto, el legislador sujeta esta condición al máximo respeto a uno de los principios esenciales de la contratación pública, presente en el artículo 1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y que exige mantener la libertad de acceso a las licitaciones. Por tanto, en una situación en que coyunturalmente no es posible respetar este principio esencial, no cabe entender que el requisito de la inscripción sea exigible.

La segunda consideración alude a los efectos de no aplicar el requisito que establece el artículo 159. Como establecía la DT 3ª para el periodo en que temporalmente no se podía exigir la inscripción en el ROLECE la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizaría en la forma establecida con carácter general en la ley. Por tanto, mientras el principio de concurrencia se encuentre comprometido por esta situación coyuntural habrá que acudir a las condiciones de acreditación de los requisitos de aptitud para contratar que establece la ley con carácter general.

 

Salvados! Salvados! Gritaron aliviados los humildes licitadores. Aún no sabían que la conquista de la contratación pública les aguardaba otras tantas sorpresas por el camino...

To be continued.

 

En fin, y analogías del lejano oeste aparte, es claro que por el momento y temporalmente, por vía interpretativa se ha relajado la exigencia legal de figurar en el registro de licitadores del Estado (ROLECE) para poder concurrir a los procedimientos abiertos simplificados. Esto supone un notable respaldo jurídico para aquellos licitadores que, habiendo cumplido con su obligación legal de solicitar la anotación previa en el ROLECE, aún no contaban, a día de hoy, con esa efectiva inscripción. Ya en nuestro anterior post (https://www.edilocalabogados.com/easyblog/entry/obligatoriedad-de-inscripcion-en-el-rolece-no-hay-tiempo-extra) nos preguntábamos sobre la posibilidad de que el Estado, a la vista del atasco administrativo en el que se encontraba el ROLECE, acudiera a “salvar los muebles” y levantará los obstáculos legales para permitir la concurrencia de estas empresas, autónomos y sociedades diligentes. No ha sido mediante una modificación legislativa, como ocurrió con los registros electrónicos, sino por vía interpretativa. No es lo mismo pero bienvenido sea el balón de oxígeno.

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24
Sep

ILEGALIDAD DE LA REGLA DE PROPORCIONALIDAD INVERSA

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Durante todo el año uno llega a perder la cuenta sobre la cantidad de pliegos que pasan por sus manos. Muchas veces los leemos “en diagonal” y sin mucho detenimiento, otras vamos a aspectos concretos que nos demandan los clientes y otras tantas para conocer de qué manera otros órganos de contratación están resolviendo problemas similares.

 

Y en la mayoría de la ocasiones, pueden comprobarlo Vds mismos, cuando entramos en los criterios de adjudicación y vemos la fórmula que se contempla para valorar las ofertas económicas, nos encontramos con esta fórmula matemática o similar (tan sólo varia el número de puntos a otorgar):

P= (55 x Of. Mín.) / Of.

 

Es decir, la oferta económica se valora aplicando un criterio de proporcionalidad indirecta respecto de la oferta más reducida existente, a la que se atribuye la puntuación máxima. Bien, la lógica nos lleva a pensar que la proporcionalidad es siempre justa, es armoniosa, es correcta y que no podría haber mácula legal a tal criterio. O eso pensábamos...

 

Hoy traigo a este blog el reciente Acuerdo 77/2018, de 30 de agosto de 2018, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA): http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/ACTA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037848801313 en el que se viene a estimar el recurso en base a la ilegalidad del criterio de proporcionalidad inversa de valoración del precio.

A este respecto, no puede acogerse –como pretende el órgano de contratación– que la regla de la proporcionalidad directa «presenta inconvenientes cuando todas las proposiciones que se presentan ofrecen bajas muy pequeñas y por tanto la baja máxima obtenida es también muy pequeña. En este caso lo que se produce son unas diferencias de puntuación excesivas para diferencias económicas muy poco significativas, y por ello, se ha considerado más conveniente la fórmula proporcional (inversa)». Cabe recordar así que el principio de utilización eficiente de los recursos públicos es uno de los que actualmente permanece vigentes en el artículo 1º de la LCSP y que la utilización de regla de la proporcionalidad inversa, sin ningún factor corrector, no se cohonesta con dicho principio y conduce a que no «se guarde la adecuada proporción en la atribución de puntos a las (ofertas) intermedias», como viene manteniendo el TACRC desde su citada Resolución 906/2014 o, más recientemente, en la Resolución 230/2018, de 12 de marzo. Así las cosas, este Tribunal –por cuanto acaba de exponerse– concluye que se ha vulnerado el artículo 1º de la LCSP (el cual también alude, por cierto, al objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto), al considerar que, en consecuencia, el órgano de contratación ha rebasado el margen de discrecionalidad con que cuenta para elegir una fórmula u otra. Por ello, resulta claro que la cláusula 16 del PCAPE, en lo concerniente a la ponderación del criterio precio, no se adecúa a lo establecido en los artículos 1º y 102 de la LCSP, ni tampoco en el artículo 145 de dicho texto legal, cuyo apartado 5º –letra b)– menciona, entre otros, el principio de proporcionalidad como parámetro configurador de los criterios de adjudicación de los contratos. Por todo ello, este aspecto dentro del motivo aducido por la recurrente ha de prosperar, por cuanto la fórmula de valoración del criterio precio del PCAP no resulta conforme a Derecho

 

La doctrina no es nueva, pues el Tribunal de contratación aragonés se hace eco de otras tantas resoluciones del Tribunal Central de contratos del Estado y por la que, en síntesis, como dice el TACPA:

- Se otorga siempre puntuación a todas la ofertas presentadas, incluidas las bajas nulas, esto es (las que igual el tipo de licitación)

- Se reduce significativamente los márgenes entre las ofertas más altas y las más bajas.

 

Un notable “aviso a navegantes” del TACPA que me temo caerá en saco roto, pues el tan de moda “corta y pega” en la redacción de los pliegos es un mal endémico de la administración pública y, al menos, a primer golpe de vista la fórmula matemática de proporcional inversa sin correctores no nos llevaría nunca a considerar que se trata de una fórmula vedada para la valoración de ofertas económicas.

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17
Sep

OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE: DE MECANO A DYLAN

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No, no era el 7 de septiembre y tampoco era nuestro aniversario. Y sí era el 9 de septiembre de 2018 (que era domingo y por tanto inhábil)

 

Y sí, como bien sabrán muchos de ustedes, a día 10 de septiembre ya es obligatorio para todo licitador estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (más conocido como ROLECE) o en los análogos registros autonómicos, si pretende concurrir a cualesquiera de los contratos que bajo el procedimiento abreviado simplificado se den.

 

Bien es cierto que llegado el día 9-S no son pocas las empresas, sociedades y agentes económicos que no se encuentran efectivamente inscritos en estos registros. Esto no siempre es culpa del interesado y esto no siempre es culpa de la administración, ¿o sí?, ¿quién sabe?.  Algún caso ya conocemos que habiendo cursado la inscripción hace varios meses, a fecha de 9 de septiembre de 2018, la administración aún no ha resuelto el expediente: inscribiendo (o no) al licitador en el registro solicitado.

 

De tal manera que por inactividad administrativa, otra vez, se aboca a estos licitadores a un limbo jurídico (por llamarlo de alguna manera) por el que no pueden licitar a ese tipo de contratos a pesar de haber cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones administrativas.

 

En este sentido, ya contamos con un primer criterio emitido por una Junta de Contratación Autonómica: Informe 20/2018, de 3 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón que, siendo ciertamente clarificador, es poco halagüeño para los anteriores licitadores; pues viene a fijar que no basta con que hayan pedido la inscripción en el registro de licitadores estatal o autonómico sino que  deberá estar efectivamente inscritos, es decir, la administración habrá de haber resuelto expresamente su solicitud.

 

La tramitación de este nuevo procedimiento presenta, entre otras, la especialidad contemplada en el artículo 159.4.a) de la LCSP que exige de forma obligatoria que todos los licitadores que deseen presentar una oferta, se encuentren previamente inscritos en un Registro de licitadores, estatal o autonómico.” […]

Se trata de una obligación legal, respecto de la que no cabe decisión alguna a los órganos de contratación. Es decir, no es potestad del órgano de contratación exigir la inscripción previa del licitador en el registro de licitadores, tan solo lo será la opción de elegir la tramitación de un procedimiento simplificado” […]

También es una obligación para todos los licitadores que presenten propuestas a partir del 9 septiembre 2018, ya que tan solo podrán optar a los procedimientos simplificados si previamente se han inscrito” […] no bastará para cumplir con esta obligación con haber solicitado la inscripción en el Registro de licitadores antes del 9 de septiembre, sino que el licitador deberá encontrarse ya inscrito en esa fecha, para poder licitar.” […]

Los efectos de silencio administrativo tampoco están previstos de la misma forma, teniendo en unos registros un efecto positivo y en otros, negativo.”

 

Aquí os dejamos el enlace completo con el dictamen de la Junta de contratación aragonesa:

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAdministrativa/Areas/02_Informes_Actuaciones/202018.pdf

 

Esperemos que el atasco administrativo, que se vislumbra existe en la administraciones gestoras de los registros de licitadores, se resuelva lo antes posible porque de otro modo nos abocamos a escenarios de licitaciones desiertas y de litigios por responsabilidades patrimoniales de la administración.

 

Una pregunta me surge en todo esto: ¿por qué en este caso, visto lo visto, no ha venido el Gobierno a “salvar los muebles”, como sí ha hecho con la administración electrónica, y ha dictado normativa de urgente necesidad para evitar estas situaciones y que permita la efectiva concurrencia de todas las empresas?

 

Acabando con otra canción, en esta ocasión de Dylan: The answer, my friend, is blowin' in the wind, The answer is blowin' in the wind 

 

 

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