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Blog De Edilocal Abogados

Bienvenidos al Blog de Edilocal Abogados. Desde aquí compartiremos con vosotros nuestra visión del mundo administrativo local. Aportaremos noticias, opiniones, enlaces, y comentarios de interés en esta rama del derecho tan desconocida y tan apasionante.

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09
Jul

ESPERADA SENTENCIA DEL SUPREMO SOBRE LA PLUSVALÍA: SOLO SE PUEDE RECLAMAR CUANDO HUBO PÉRDIDAS

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El Tribunal Supremo ha establecido que las liquidaciones o autoliquidaciones por la plusvalía municipal, podrán anularse solo cuando se haya probado por parte del contribuyente la existencia de un pérdida de valor, que posteriormente podrá ser contrastada por el Ayuntamiento

Es decir, con ello el Tribunal Supremo pone fin al vacío legal que se venía dando en los últimos tiempos, tras que en febrero del año pasado el Tribunal Constitucional establecía la inconstitucionalidad de algunos preceptos que regulan el impuesto.. Ahora el Alto Tribunal aclara que solo se podrá reclamar la devolución e la plusvalía en los casos en los que se pruebe que hubo pérdidas.

En relación con la carga de la prueba o a quién le corresponde probar lo alegado sobre la la inexistencia de una plusvalía "real y efectiva", el tribunal considera que corresponde al contribuyente probar esa inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido y que para acreditar que no ha existido la plusvalía "podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla", como por ejemplo la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las escrituras. Una vez aportada esta prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, el Supremo señala que "deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones".

 En el siguiente enlace del web del Tribunal Supremo se expresa que:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-determina-el-alcance-de-la-sentencia-del-Constitucional-sobre-la-plusvalia

El Tribunal Supremo ha determinado que, para eludir el pago de la plusvalía municipal al vender un inmueble, es el contribuyente el que debe demostrar con pruebas que no hubo ninguna ganancia con la transacción.

Aunque el Supremo deja la carga de la prueba en manos del contribuyente, que será quien deba probar que no hubo incremento del valor del terreno que haya vendido, el tribunal admite que “podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla” como serían la diferencia entre el valor de adquisición y el de venta que aparezca en las escrituras públicas. Todos estaban a la esperada sentencia del Tribunal Supremo para unificar las distintas doctrinas sostenidas por los juzgados y tribunales. Ahora la sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal confirma que solo se podrán anular las liquidaciones del impuesto que se hayan producido con pérdidas y que debe ser el propio contribuyente el que debe demostrar que no hubo ganancia con la transacción del inmueble. Esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago de la plusvalía municipal. La sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal confirma que el pago del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IITNU), más conocido como plusvalía municipal, se seguirá cobrando cuando se genere una ganancia y determina que debe ser el contribuyente el que debe demostrar que vendió su casa con pérdidas. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Aguallo, interpreta el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Considera, de una parte, que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que debe darse al fallo y fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, "adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial". "En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (…) que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE". De otra parte, entiende que "el artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, ‘no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene’, o, dicho de otro modo, porque ‘impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)’”. Es, precisamente, esta nulidad total del artículo 110.4 del TRLHL la que, de acuerdo con la Sala Tercera, "posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL". En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva obtenida en la transmisión del terrero, considera el tribunal, en primer lugar, que corresponde "al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido"; en segundo término, que para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla" (como es, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas); y, en tercer lugar, en fin, que aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía". Finalmente, considera el tribunal que en la medida en que la existencia de una plusvalía real y efectiva resulta perfectamente constatable sobre la base del empleo de los medios de comprobación que establece la Ley General Tributaria en los artículos 105 y siguientes, medios que permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para decidir con entera libertad el valor real del terreno onerosamente transmitido, no existe -en los casos en los que se liquida el IIVTNU- vulneración de la reserva de ley tributaria recogida en los artículos 31.3 y 133.1 CE, ni quiebra alguna del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)"

 

 

 

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07
Nov

¿CUÁL ES LA INDEMNIZACIÓN PARA LOS INTERINOS? EL SUPREMO NO LO TIENE CLARO

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo el pasado 25 de octubre de 2017, ha decidido  formular una aclaración al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a su sentencia de 14 septiembre de 2016 sobre las consecuencias indemnizatorias  la finalización de los contratos de interinidad, pues considera que "la conclusión extraída de la STJUE de 14 septiembre 2016 ha generado múltiples y dispares interpretaciones de los jueces de lo social españoles en los numerosos litigios en los que están en juego la cuestión de la extinción de los contratos temporales".

 

El TJUE en septiembre de 2016 (asunto 596/14) estableció que por el mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la indemnización por fin de contrato. La importancia esencial de esta sentencia radicó cuando señaló la ilegalidad de la diferencia de trato con respecto a los interinos, pues nos recuerda el TJUE que el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes.  Con ello se venía a resolver una cuestión formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a raíz del tratamiento que en la legislación española se daba a la extinción del contrato de los trabajadores temporales. Así el Tribunal europeo dictaminó que no se podía discriminar a los trabajadores interinos respecto a los laborales en las indemnizaciones por fin de contrato y por tanto, si se vienen a realizar las mismas tareas debería corresponder una indemnización de 20 días por año trabajado.

 

Ahora bien, el problema interpretativo de este fallo estriba en que la vigente legislación no establece ninguna indemnización para los interinos que ponen fin a su relación laboral, pero sin embargo está sí que existe para los trabajadores temporales (12 días por año). No obstante, a tenor de las indemnizaciones por causas del despido, si el trabajador interino es despedido por causas objetivas procedentes tiene derecho a una indemnización de 20 días por año y si la resolución contractual fuera improce, de 33 días por año de servicio.

 

Y es que incluso el propio TJUE, en boca de su presidente Koen Lenaerts, llegó a reconocer que en la sentencia sobre las indemnizaciones por despido a los interinos "no hubo entendimiento sobre el problema entre el juzgado que realizó la consulta y los miembros de la Corte de Justicia Europea, y no comprendieron completamente el problema".















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13
Oct

¿QUÉ ES: “SIN PERJUICIO DE TERCERO Y SALVO DERECHO DE PROPIEDAD”?

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Toda intervención municipal previa a la concesión de una licencia o autorización administrativa de un acto urbanístico se ha de circunscribir a la adecuación de dicha solicitud a la normativa aplicable en materia urbanística. Parece un trabalenguas. No lo es y sus consecuencias son relevantes ante licencias de obra que afecta a nuestros propios derechos privados con otros vecinos.

 

En efecto, la licencia urbanística se configura como un acto de autorización de la administración municipal, en este caso, por cuya virtud se lleva a cabo un control previo de la actuación proyectada por el administrado, verificando si se el proyecto se ajusta a las exigencias plasmadas por el ordenamiento urbanístico vigente en el municipio.

 

¿Qué implica esto? Pues que será la normativa urbanística (y no otra) sobre la que una administración municipal habrá de pronunciarse para decidir si procede el otorgamiento de una licencia y por lo tanto, no corresponde al Ayuntamiento controlar, a través de la licencia de obras, aquellas cuestiones de orden civil, como las titularidades o las servidumbres, del inmueble sobre el que se realizan las obras objeto de la licencia, con la excepción de que en el supuesto se encuentren afectados bienes de dominio público.

 

Por su meridiana claridad traemos a este post la Sentencia de 26 de Octubre de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, cuando expresa:

 

[...] Conviene precisar que la licencia, en cuanto acto administrativo, se encuentra condicionado en su otorgamiento por las prescripciones de la legislación urbanística y de los Planes, Normas y Ordenanzas, sin que con ocasión de su otorgamiento quepa valorar y considerar derechos de naturaleza civil, con la excepción, cuando una defensa administrativa sea posible, de los pertenecientes al órgano competente para su concesión. Los órganos municipales deben abstenerse de entrar a valorar con motivo de las solicitudes de licencia cuestiones de propiedad, por estar éstas reservadas a la Jurisdicción ordinaria. El Ayuntamiento tiene que examinar y ponderar, en cierta medida, la titularidad de la propiedad del solicitante siempre y cuando no exceda los límites de la apariencia jurídica, no entrando en un examen a fondocon objeto de no cometer una injerencia en cuestiones de propiedad cuyo juicio corresponde a los Jueces y Tribunales.[...]”

 

Y todo esto tiene una traducción legal, que en forma de coletilla que se incluyen en todas las licencias de obra municipales como cláusula: "salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero».









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16
Jul

LA AUSENCIA DE CONVENIO COLECTIVO PROPIO EN LOS AYUNTAMIENTOS.

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             El artículo 177.2 del TRRL del 86 establece que el régimen de las relaciones del personal laboral será en su integridad por el establecido en las normas del Derecho Laboral, en similares términos se pronuncia el artículo 7 del EBEP, cuando fija que la normativa aplicable para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, será la resultante de la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables, así como  los preceptos del EBEP que los sujeten expresamente. Por lo tanto, y sucintamente, el marco normativo para este tipo de personal, no poco numeroso dentro de la administración local, será el que viene establecido tanto por el propio contrato de trabajo del empleado, por el Estatuto de los Trabajadores, el EBEP (en aquellos preceptos que así se disponga expresamente) por la Relación de Puestos de Trabajo (si esta existiera) y el Convenio Colectivo del Ayuntamiento o Ente Local.

             Pero hoy nos vamos a detener en este último aspecto, ya que si bien la negociación colectiva ha crecido en las medianas y grandes corporaciones, no es menos cierto que una gran mayoría de los pequeños municipios españoles, y otros entes locales de reducido tamaño, carecen de un convenio colectivo propio negociado entre el Ayuntamiento y los representantes de los empleados municipales con contrato laboral. La inexistencia de convenio colectivo propio municipal produce una enorme inseguridad jurídica tanto para la Corporación como para los trabajadores, ya que son numerosos  los aspectos de las relaciones laborales que no están reguladas ni en el Estatuto de los Trabajadores ni en EBEP ni en la legislación administrativa local, y que en su caso, se remiten al convenio colectivo, entre otras: régimen y estructura salarial, jornada, horario, carrera, promoción profesional, régimen de sanciones, etc.

             Dentro del anterior marco normativo, no se encuentra la solución a esta falta de convenio colectivo, pues ni el EBEP, ni TRRL del 86, ni la LBRL contemplan distintas situaciones que la referencia hacia los convenios y no suplen su ausencia con otras normas convencionales o legales a aplicar. Entonces ¿qué hacer ante la ausencia de convenio colectivo propio? La respuesta ha de venir de la mano de la interpretación jurisprudencial a esta laguna jurídica. En un principio parecía claro que la ausencia de convenio no implicaba el sometimiento del Ayuntamiento a ningún otro, y así el Tribunal Supremo rechazaba que un Ayuntamiento pudiera formar parte de una organización empresarial (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1999), y no fue hasta mediados de la pasada década, tras las Sentencias de 7 de octubre de 2004  y de 1 de junio de 2005, cuando el Supremo da un giro de 180 grados a su anterior doctrina y asume que cada Ayuntamiento puede ser una organización empresarial (o empresa) y de este modo puede negociar su propio convenio colectivo, y resultar que ante la ausencia de de convenio colectivo propio resultará de aplicación aquel convenio colectivo sectorial del sector privado, ya sea este provincial, autonómico o estatal. De este manera la línea jurisprudencial marcada por el Alto Tribuanl, va incluso más allá y concluye que no existirá un solo convenio aplicable, si no que “de facto” existirán tantos convenios colectivos aplicables dentro del ente local como actividades desarrollen sus trabajadores, es decir, deberá aplicarse el convenio sectorial relativo a cada una de la actividad o actividades, que siempre serán diversas, que puedan desarrollar los trabajadores del Ayuntamiento.

             No puede negarse que la solución jurídica dada por la jurisprudencia del Supremo resuelva el vacío legal existente de un manera inmediata y para casos concretos de conflictividad laboral, pero ello no obsta para que el seguimiento de su doctrina conlleve al gestor local no pocos problemas y “agravios comparativos” subjetivos entre sus empleados municipales sometidos al régimen laboral.

 

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02
Jul

LA INDEMNIZACIÓN A SATISFACER PARA LOS "INDEFINIDOS NO FIJOS"

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   Una de la figuras que con mayor habitualidad se encuentran dentro de las plantillas orgánicas del personal municipal, es la del llamado “”indefinido no fijo de plantilla”. Figura de creación jurisprudencial y que, en esencia, abarca a aquel empleado municipal, que por cualquier circunstancia (abundante es la casuística y numerosos los motivos) ha accedido a la función pública por procedimientos, digamos, no respetuosos con los principios de mérito y capacidad.

   El principal problema radica para la administración – y para el trabajador- cuando aquella, y por causas siempre objetivas, debe amortizar esa plaza ocupada irregularmente. Bien sea por que la misma ha de ser cubierta mediado un procedimiento legal - arrepentidos los quiere el Señor- amparado bajo principios de igualdad, mérito y capacidad; o bien por cuestiones de insuficiencia presupuestaria, que hacen inviable el sostenimiento de un servicio y por consiguiente, el despido de los empleados que hasta esa fecha lo prestaban, o incluso por razones de reorganización administrativa tras la implantación o modificación de la Relación de Puestos de Trabajo o de la plantilla orgánica de personal.

   Pues bien, desvelada la realidad ante nuestros ojos, la mayor de las preocupaciones, una vez descartadas todas las “cuestiones sentimentales” hacia esa persona que venía ocupando el puesto, y que por norma general, lo hacía con notable actitud, viene a ser: ¿cuánto le corresponde en su finiquito por concepto de indemnización?.

  La más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, las sentencias de 22 de julio de 2013, 25 de Noviembre de 2013 y 21 de Enero de 2014, esta última dictada en unificación de doctrina) viene a contestar a esa pregunta, y así determina que la correcta interpretación de la normativa pasa por la aplicación de la Disposición Transitoria Decimotercera de Estatuto de los Trabajadores, y para aquellos contratos celebrados antes del 31 de diciembre de 2011, la indemnización a satisfacer a los “”indefinidos no fijos” debe corresponderse con la equivalente a 8 días de salario por año de servicios.

 

 

 

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31
Jul

¿QUÉ HACER ANTE LA MOROSIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN?

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Pareciera ser que nuestra Administración Pública gustara de incumplir la ley. Pareciera ser que fuera de su agrado el engullir ingentes cantidades de facturas para después deglutirlas en un cajón, a la espera de que por mor de la falta de luz y el tiempo transcurrido, estas desaparecieran y se esfumaran. Pareciera ser, por que no decirlo, que esta Administración tuviera un alma sádica y disfrutara viendo como a sus sufridas pequeñas empresas y autónomos les recorre una gota de sudor frío por la espalda cuando llega el cierre del trimestre y aún no han les ha pagado los últimos trabajos que le prestaron.

Pareciera ser, ¿verdad?

Ante esto, como ante otros muchos recodos vitales, se pueden tomar dos alternativas, la primera pasará por el “esperar y callar”: Esperar con resignación cristina a que nuestra factura resucite del “cajón de impagadas” y callar por el miedo a que nos pongan una cruz y pasemos al limbo de aquellos que no volvieron a trabajar para esta Entidad… La segunda, pasa por ser conocedor de los derechos que nos asisten y de hacerle saber a la Administración que los plazos legales son iguales para todos.

Así, y una vez superados los 30 días siguientes de plazo establecido en el art. 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a contar desde la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato respecto a los servicios prestados, la administración entrará en mora y por tanto el apesadumbrado contratista podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, además y tras esa reclamación  transcurre un nuevo plazo de un mes, sin que la Administración conteste, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los contratistas podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

 

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23
Jul

LA UTILIDAD PRÁCTICA DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

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Ciertamente, y no creo que vaya descubrir nada nuevo cuando afirmo sin ningún rubor que un elevadísimo número de entes locales, sobre todo los de pequeño y mediano tamaño, carecen por completo de instrumentos de organización de los recursos humanos.  Esta deficiencia trae lógicos problemas: empleados laborales temporales que por “arte de magia” y el sucesivo encadenamiento de contratos se transforman en indefinidos, funcionarios desmotivados a los que se les coarta su derecho a la promoción y al desarrollo de una carrera administrativa, exceso de efectivos dentro de la organización, complemento específicos injustificados, palos y zanahorias repartidos por la autoridad de turno en función del afecto o desafecto hacia uno u otro personal, etc, etc. Estos entes locales funcionan solamente con la aprobación de plantilla de personal, la cual es tan solo un instrumento de perfil contable, que da soporte al capítulo uno del presupuesto de gastos, y ya sea por falta de previsión, ya sea por falta de un correcto asesoramiento “malgastan” recursos públicos mes tras mes en las nóminas del personal.

Por que dejando por el momento a un lado la obligación legal establecida en los artículos 90.2 de la LBRL,  el 126 del RDL 781/1986 y 74 del EBEP, la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (o RPT) debe tener como objetivo principal el poder utilizar las técnicas de búsqueda, selección y evaluación de personal, que nos permitan alcanzar los fines de la organización municipal, satisfaciendo las necesidades  tanto de los ciudadanos y administrados, como de los empleados que la integran.

Desde el punto de vista de la organización, y atendiendo a la especial naturaleza de una Entidad Local, los objetivos que se deben alcanzar vienen en esencia a coincidir, con la prestación  eficaz e eficiente de los servicios que les encomienda tanto la LBRL como la LALA (en el caso de Aragón). Así la RPT constituye la esencia misma de la productividad de una organización. Es decir, conforme vamos avanzado en el tamaño de un Ayuntamiento, las necesidades de organización pasan desde un sistema básico de mando y funciones, hacia sistemas de trabajo que requieren ser regulados y establecidos, para que sean conocidos tanto por los responsables de la organización (Alcalde y Concejales) como por los integrantes de la misma (empleados públicos municipales). Por ello, se hace absolutamente preciso la implantación de un sistema organizativo (RPT fundamentalmente) que analice, describa, clasifique, organice, diseñe y gestione una organización laboral con cierto grado de complejidad. Esta tarea, no exenta de dificultades, a la larga facilita al buen gestor municipal el conocimiento de su organización, de tal manera que éste pueda tomar las decisiones más adecuadas que le permitan llegar tanto a los objetivos que legalmente le han sido dados como a aquellos a los que se ha comprometido en su programa político, y hacerlo de una manera más justa con sus empleados,  más eficaz para sus ciudadanos y de mayor eficacia para con su Ayuntamiento. 

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