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Blog De Edilocal Abogados

Bienvenidos al Blog de Edilocal Abogados. Desde aquí compartiremos con vosotros nuestra visión del mundo administrativo local. Aportaremos noticias, opiniones, enlaces, y comentarios de interés en esta rama del derecho tan desconocida y tan apasionante.

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25
Sep

ROLECE: EL 7º DE CABALLERÍA AL RESCATE! (de momento...)

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Todo parecía perdido, habíamos pasado el Mississipi del 9 de Septiembre y aún nos quedaban muchas millas para llegar a los soleados prados de las licitaciones tramitadas por el procedimiento abierto simplificado. La nueva ley de contratación había nacido hace poco. Entre sus páginas se proclamaba que todos los autónomos y todas las Pymes eran libres e iguales y que en la tierra de las oportunidades habría siempre un lugar para los previamente inscritos. Hace unos días, al pasar por el último puesto fronterizo, la Junta de Contratación de Aragón nos había prevenido que no continuáramos, que todo el esfuerzo sería en vano. Más allá acechaban los órganos de contratación Apaches, comanches y sioux, conocidos por cortar la cabelleras de los desventurados licitadores que en su caravana no contarán, al menos, con un buen certificado de inscripción en el ROLECE. Pero a pesar de ello cientos, miles de licitadores habíamos entrado en territorio desconocido pertrechados con una única solicitud para figurar en el registro de contratistas del Estado (algo desgastada pues había sido realizada hace ya meses).

 

Todo parecía perdido cuando, de repente, a lo lejos se oye la corneta salvadora de la JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO, que al galope desciende por la laderas del procedimiento administrativo y en una operación rescate sin igual, bajo el fuego del principio de libre concurrencia a las licitaciones dicta la RECOMENDACIÓN DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO A LOS ÓRGANOS DE CONTRATACIÓN EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DEL REQUISITO DE INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE DEL ARTÍCULO 159 DE LA LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO:

http://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/D.G.%20PATRIMONIO/Junta%20Consultiva/informes/RECOMENDACI%C3%93N%2024-09-2018%20SIMPLIFICADO%20ROLECE%201%200.pdf

 

En esta recomendación a los órganos de contratación, el Ministerio de Hacienda nos dice (el subrayado es propio del dictamen):

 

Debemos destacar en este punto dos consideraciones principales. La primera es que el legislador no ha sido insensible al hecho de que la exigencia de la inscripción en el ROLECE pueda generar situaciones contrarias a la concurrencia de los licitadores. No puede entenderse de otro modo el hecho de que el propio precepto permita la exigencia del requisito de inscripción en el ROLECE “siempre que no se vea limitada la concurrencia.” En efecto, el legislador sujeta esta condición al máximo respeto a uno de los principios esenciales de la contratación pública, presente en el artículo 1 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público y que exige mantener la libertad de acceso a las licitaciones. Por tanto, en una situación en que coyunturalmente no es posible respetar este principio esencial, no cabe entender que el requisito de la inscripción sea exigible.

La segunda consideración alude a los efectos de no aplicar el requisito que establece el artículo 159. Como establecía la DT 3ª para el periodo en que temporalmente no se podía exigir la inscripción en el ROLECE la acreditación de la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de contratar se realizaría en la forma establecida con carácter general en la ley. Por tanto, mientras el principio de concurrencia se encuentre comprometido por esta situación coyuntural habrá que acudir a las condiciones de acreditación de los requisitos de aptitud para contratar que establece la ley con carácter general.

 

Salvados! Salvados! Gritaron aliviados los humildes licitadores. Aún no sabían que la conquista de la contratación pública les aguardaba otras tantas sorpresas por el camino...

To be continued.

 

En fin, y analogías del lejano oeste aparte, es claro que por el momento y temporalmente, por vía interpretativa se ha relajado la exigencia legal de figurar en el registro de licitadores del Estado (ROLECE) para poder concurrir a los procedimientos abiertos simplificados. Esto supone un notable respaldo jurídico para aquellos licitadores que, habiendo cumplido con su obligación legal de solicitar la anotación previa en el ROLECE, aún no contaban, a día de hoy, con esa efectiva inscripción. Ya en nuestro anterior post (https://www.edilocalabogados.com/easyblog/entry/obligatoriedad-de-inscripcion-en-el-rolece-no-hay-tiempo-extra) nos preguntábamos sobre la posibilidad de que el Estado, a la vista del atasco administrativo en el que se encontraba el ROLECE, acudiera a “salvar los muebles” y levantará los obstáculos legales para permitir la concurrencia de estas empresas, autónomos y sociedades diligentes. No ha sido mediante una modificación legislativa, como ocurrió con los registros electrónicos, sino por vía interpretativa. No es lo mismo pero bienvenido sea el balón de oxígeno.

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24
Sep

ILEGALIDAD DE LA REGLA DE PROPORCIONALIDAD INVERSA

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Durante todo el año uno llega a perder la cuenta sobre la cantidad de pliegos que pasan por sus manos. Muchas veces los leemos “en diagonal” y sin mucho detenimiento, otras vamos a aspectos concretos que nos demandan los clientes y otras tantas para conocer de qué manera otros órganos de contratación están resolviendo problemas similares.

 

Y en la mayoría de la ocasiones, pueden comprobarlo Vds mismos, cuando entramos en los criterios de adjudicación y vemos la fórmula que se contempla para valorar las ofertas económicas, nos encontramos con esta fórmula matemática o similar (tan sólo varia el número de puntos a otorgar):

P= (55 x Of. Mín.) / Of.

 

Es decir, la oferta económica se valora aplicando un criterio de proporcionalidad indirecta respecto de la oferta más reducida existente, a la que se atribuye la puntuación máxima. Bien, la lógica nos lleva a pensar que la proporcionalidad es siempre justa, es armoniosa, es correcta y que no podría haber mácula legal a tal criterio. O eso pensábamos...

 

Hoy traigo a este blog el reciente Acuerdo 77/2018, de 30 de agosto de 2018, del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA): http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/ACTA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=1037848801313 en el que se viene a estimar el recurso en base a la ilegalidad del criterio de proporcionalidad inversa de valoración del precio.

A este respecto, no puede acogerse –como pretende el órgano de contratación– que la regla de la proporcionalidad directa «presenta inconvenientes cuando todas las proposiciones que se presentan ofrecen bajas muy pequeñas y por tanto la baja máxima obtenida es también muy pequeña. En este caso lo que se produce son unas diferencias de puntuación excesivas para diferencias económicas muy poco significativas, y por ello, se ha considerado más conveniente la fórmula proporcional (inversa)». Cabe recordar así que el principio de utilización eficiente de los recursos públicos es uno de los que actualmente permanece vigentes en el artículo 1º de la LCSP y que la utilización de regla de la proporcionalidad inversa, sin ningún factor corrector, no se cohonesta con dicho principio y conduce a que no «se guarde la adecuada proporción en la atribución de puntos a las (ofertas) intermedias», como viene manteniendo el TACRC desde su citada Resolución 906/2014 o, más recientemente, en la Resolución 230/2018, de 12 de marzo. Así las cosas, este Tribunal –por cuanto acaba de exponerse– concluye que se ha vulnerado el artículo 1º de la LCSP (el cual también alude, por cierto, al objetivo de estabilidad presupuestaria y control del gasto), al considerar que, en consecuencia, el órgano de contratación ha rebasado el margen de discrecionalidad con que cuenta para elegir una fórmula u otra. Por ello, resulta claro que la cláusula 16 del PCAPE, en lo concerniente a la ponderación del criterio precio, no se adecúa a lo establecido en los artículos 1º y 102 de la LCSP, ni tampoco en el artículo 145 de dicho texto legal, cuyo apartado 5º –letra b)– menciona, entre otros, el principio de proporcionalidad como parámetro configurador de los criterios de adjudicación de los contratos. Por todo ello, este aspecto dentro del motivo aducido por la recurrente ha de prosperar, por cuanto la fórmula de valoración del criterio precio del PCAP no resulta conforme a Derecho

 

La doctrina no es nueva, pues el Tribunal de contratación aragonés se hace eco de otras tantas resoluciones del Tribunal Central de contratos del Estado y por la que, en síntesis, como dice el TACPA:

- Se otorga siempre puntuación a todas la ofertas presentadas, incluidas las bajas nulas, esto es (las que igual el tipo de licitación)

- Se reduce significativamente los márgenes entre las ofertas más altas y las más bajas.

 

Un notable “aviso a navegantes” del TACPA que me temo caerá en saco roto, pues el tan de moda “corta y pega” en la redacción de los pliegos es un mal endémico de la administración pública y, al menos, a primer golpe de vista la fórmula matemática de proporcional inversa sin correctores no nos llevaría nunca a considerar que se trata de una fórmula vedada para la valoración de ofertas económicas.

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17
Sep

OBLIGATORIEDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL ROLECE: DE MECANO A DYLAN

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No, no era el 7 de septiembre y tampoco era nuestro aniversario. Y sí era el 9 de septiembre de 2018 (que era domingo y por tanto inhábil)

 

Y sí, como bien sabrán muchos de ustedes, a día 10 de septiembre ya es obligatorio para todo licitador estar inscrito en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Público (más conocido como ROLECE) o en los análogos registros autonómicos, si pretende concurrir a cualesquiera de los contratos que bajo el procedimiento abreviado simplificado se den.

 

Bien es cierto que llegado el día 9-S no son pocas las empresas, sociedades y agentes económicos que no se encuentran efectivamente inscritos en estos registros. Esto no siempre es culpa del interesado y esto no siempre es culpa de la administración, ¿o sí?, ¿quién sabe?.  Algún caso ya conocemos que habiendo cursado la inscripción hace varios meses, a fecha de 9 de septiembre de 2018, la administración aún no ha resuelto el expediente: inscribiendo (o no) al licitador en el registro solicitado.

 

De tal manera que por inactividad administrativa, otra vez, se aboca a estos licitadores a un limbo jurídico (por llamarlo de alguna manera) por el que no pueden licitar a ese tipo de contratos a pesar de haber cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones administrativas.

 

En este sentido, ya contamos con un primer criterio emitido por una Junta de Contratación Autonómica: Informe 20/2018, de 3 de septiembre, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón que, siendo ciertamente clarificador, es poco halagüeño para los anteriores licitadores; pues viene a fijar que no basta con que hayan pedido la inscripción en el registro de licitadores estatal o autonómico sino que  deberá estar efectivamente inscritos, es decir, la administración habrá de haber resuelto expresamente su solicitud.

 

La tramitación de este nuevo procedimiento presenta, entre otras, la especialidad contemplada en el artículo 159.4.a) de la LCSP que exige de forma obligatoria que todos los licitadores que deseen presentar una oferta, se encuentren previamente inscritos en un Registro de licitadores, estatal o autonómico.” […]

Se trata de una obligación legal, respecto de la que no cabe decisión alguna a los órganos de contratación. Es decir, no es potestad del órgano de contratación exigir la inscripción previa del licitador en el registro de licitadores, tan solo lo será la opción de elegir la tramitación de un procedimiento simplificado” […]

También es una obligación para todos los licitadores que presenten propuestas a partir del 9 septiembre 2018, ya que tan solo podrán optar a los procedimientos simplificados si previamente se han inscrito” […] no bastará para cumplir con esta obligación con haber solicitado la inscripción en el Registro de licitadores antes del 9 de septiembre, sino que el licitador deberá encontrarse ya inscrito en esa fecha, para poder licitar.” […]

Los efectos de silencio administrativo tampoco están previstos de la misma forma, teniendo en unos registros un efecto positivo y en otros, negativo.”

 

Aquí os dejamos el enlace completo con el dictamen de la Junta de contratación aragonesa:

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/OrganosConsultivos/JuntaConsultivaContratacionAdministrativa/Areas/02_Informes_Actuaciones/202018.pdf

 

Esperemos que el atasco administrativo, que se vislumbra existe en la administraciones gestoras de los registros de licitadores, se resuelva lo antes posible porque de otro modo nos abocamos a escenarios de licitaciones desiertas y de litigios por responsabilidades patrimoniales de la administración.

 

Una pregunta me surge en todo esto: ¿por qué en este caso, visto lo visto, no ha venido el Gobierno a “salvar los muebles”, como sí ha hecho con la administración electrónica, y ha dictado normativa de urgente necesidad para evitar estas situaciones y que permita la efectiva concurrencia de todas las empresas?

 

Acabando con otra canción, en esta ocasión de Dylan: The answer, my friend, is blowin' in the wind, The answer is blowin' in the wind 

 

 

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20
Dic

LOS LÍMITES DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA EXIGENCIA DE SOLVENCIA A LAS PYMES

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El principio cualquier licitación de un contrato público pasa por su apertura a todos los empresarios que, por razón de su actividad, puedan realizar la prestación que se establezca en el  objeto del contrato. Pero, por razones de eficacia, sin embargo, se exige garantizar que las empresas que concurren a esa licitación reúnan los requisitos que les permitan, efectivamente, ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatarias.

 

A su vez, y por aplicación del derecho europeo sobre nuestra propia legislación contractual nacional, han de prevalecer las interpretaciones de aquellos principios rectores basados en la concurrencia, no discriminación y transparencia, de tal suerte que, en caso de conflicto con el contenido de unos pliegos que impliquen un limitación a la concurrencia de licitadores, será preciso requerir una justificación previa y suficiente del órgano de contratación a cerca de esa necesidad de solvencia en relación con el objeto del contrato o con los fines que se pretenden satisfacer con él.

 

En estos términos se pronunció la Resolución nº 146/2012, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, añadiendo, además que: « [...] debe tenerse en cuenta que la relación de proporcionalidad del requisito exigido con el objeto del contrato debe resultar de la necesidad de que se cumpla el primero para que el segundo pueda ser llevado a la práctica de forma adecuada [...]».

 

Por ello cualquier limitación a esa libre concurrencia debe estar previamente justificada y ser proporcionalidad al objeto del contrato , pues supone un impedimento que se impone a las eventuales empresas concurrentes.


Si bien todo este cuerpo doctrinal y legal se recogía en la “anterior” legislación contractual: artículo 62.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (vigente hasta el 9 de marzo del 2018),  ahora es recogido con mayor fuerza por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando, en su exposición de motivos se postula a favor del apoyo e impulso a la PYMES en la licitación pública y lo concreta en sus artículos 74.2 y 87.2. De tal modo que se establece que los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida deberá estar vinculada al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo sin que la exigencia de una determinada solvencia económica o financiera suponga, en ningún caso, un obstáculo a la participación en las licitación de la PYMES.

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07
Nov

¿CUÁL ES LA INDEMNIZACIÓN PARA LOS INTERINOS? EL SUPREMO NO LO TIENE CLARO

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo el pasado 25 de octubre de 2017, ha decidido  formular una aclaración al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a su sentencia de 14 septiembre de 2016 sobre las consecuencias indemnizatorias  la finalización de los contratos de interinidad, pues considera que "la conclusión extraída de la STJUE de 14 septiembre 2016 ha generado múltiples y dispares interpretaciones de los jueces de lo social españoles en los numerosos litigios en los que están en juego la cuestión de la extinción de los contratos temporales".

 

El TJUE en septiembre de 2016 (asunto 596/14) estableció que por el mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la indemnización por fin de contrato. La importancia esencial de esta sentencia radicó cuando señaló la ilegalidad de la diferencia de trato con respecto a los interinos, pues nos recuerda el TJUE que el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes.  Con ello se venía a resolver una cuestión formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a raíz del tratamiento que en la legislación española se daba a la extinción del contrato de los trabajadores temporales. Así el Tribunal europeo dictaminó que no se podía discriminar a los trabajadores interinos respecto a los laborales en las indemnizaciones por fin de contrato y por tanto, si se vienen a realizar las mismas tareas debería corresponder una indemnización de 20 días por año trabajado.

 

Ahora bien, el problema interpretativo de este fallo estriba en que la vigente legislación no establece ninguna indemnización para los interinos que ponen fin a su relación laboral, pero sin embargo está sí que existe para los trabajadores temporales (12 días por año). No obstante, a tenor de las indemnizaciones por causas del despido, si el trabajador interino es despedido por causas objetivas procedentes tiene derecho a una indemnización de 20 días por año y si la resolución contractual fuera improce, de 33 días por año de servicio.

 

Y es que incluso el propio TJUE, en boca de su presidente Koen Lenaerts, llegó a reconocer que en la sentencia sobre las indemnizaciones por despido a los interinos "no hubo entendimiento sobre el problema entre el juzgado que realizó la consulta y los miembros de la Corte de Justicia Europea, y no comprendieron completamente el problema".















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16
Jul

LA AUSENCIA DE CONVENIO COLECTIVO PROPIO EN LOS AYUNTAMIENTOS.

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             El artículo 177.2 del TRRL del 86 establece que el régimen de las relaciones del personal laboral será en su integridad por el establecido en las normas del Derecho Laboral, en similares términos se pronuncia el artículo 7 del EBEP, cuando fija que la normativa aplicable para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, será la resultante de la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables, así como  los preceptos del EBEP que los sujeten expresamente. Por lo tanto, y sucintamente, el marco normativo para este tipo de personal, no poco numeroso dentro de la administración local, será el que viene establecido tanto por el propio contrato de trabajo del empleado, por el Estatuto de los Trabajadores, el EBEP (en aquellos preceptos que así se disponga expresamente) por la Relación de Puestos de Trabajo (si esta existiera) y el Convenio Colectivo del Ayuntamiento o Ente Local.

             Pero hoy nos vamos a detener en este último aspecto, ya que si bien la negociación colectiva ha crecido en las medianas y grandes corporaciones, no es menos cierto que una gran mayoría de los pequeños municipios españoles, y otros entes locales de reducido tamaño, carecen de un convenio colectivo propio negociado entre el Ayuntamiento y los representantes de los empleados municipales con contrato laboral. La inexistencia de convenio colectivo propio municipal produce una enorme inseguridad jurídica tanto para la Corporación como para los trabajadores, ya que son numerosos  los aspectos de las relaciones laborales que no están reguladas ni en el Estatuto de los Trabajadores ni en EBEP ni en la legislación administrativa local, y que en su caso, se remiten al convenio colectivo, entre otras: régimen y estructura salarial, jornada, horario, carrera, promoción profesional, régimen de sanciones, etc.

             Dentro del anterior marco normativo, no se encuentra la solución a esta falta de convenio colectivo, pues ni el EBEP, ni TRRL del 86, ni la LBRL contemplan distintas situaciones que la referencia hacia los convenios y no suplen su ausencia con otras normas convencionales o legales a aplicar. Entonces ¿qué hacer ante la ausencia de convenio colectivo propio? La respuesta ha de venir de la mano de la interpretación jurisprudencial a esta laguna jurídica. En un principio parecía claro que la ausencia de convenio no implicaba el sometimiento del Ayuntamiento a ningún otro, y así el Tribunal Supremo rechazaba que un Ayuntamiento pudiera formar parte de una organización empresarial (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1999), y no fue hasta mediados de la pasada década, tras las Sentencias de 7 de octubre de 2004  y de 1 de junio de 2005, cuando el Supremo da un giro de 180 grados a su anterior doctrina y asume que cada Ayuntamiento puede ser una organización empresarial (o empresa) y de este modo puede negociar su propio convenio colectivo, y resultar que ante la ausencia de de convenio colectivo propio resultará de aplicación aquel convenio colectivo sectorial del sector privado, ya sea este provincial, autonómico o estatal. De este manera la línea jurisprudencial marcada por el Alto Tribuanl, va incluso más allá y concluye que no existirá un solo convenio aplicable, si no que “de facto” existirán tantos convenios colectivos aplicables dentro del ente local como actividades desarrollen sus trabajadores, es decir, deberá aplicarse el convenio sectorial relativo a cada una de la actividad o actividades, que siempre serán diversas, que puedan desarrollar los trabajadores del Ayuntamiento.

             No puede negarse que la solución jurídica dada por la jurisprudencia del Supremo resuelva el vacío legal existente de un manera inmediata y para casos concretos de conflictividad laboral, pero ello no obsta para que el seguimiento de su doctrina conlleve al gestor local no pocos problemas y “agravios comparativos” subjetivos entre sus empleados municipales sometidos al régimen laboral.

 

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02
Jul

LA INDEMNIZACIÓN A SATISFACER PARA LOS "INDEFINIDOS NO FIJOS"

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   Una de la figuras que con mayor habitualidad se encuentran dentro de las plantillas orgánicas del personal municipal, es la del llamado “”indefinido no fijo de plantilla”. Figura de creación jurisprudencial y que, en esencia, abarca a aquel empleado municipal, que por cualquier circunstancia (abundante es la casuística y numerosos los motivos) ha accedido a la función pública por procedimientos, digamos, no respetuosos con los principios de mérito y capacidad.

   El principal problema radica para la administración – y para el trabajador- cuando aquella, y por causas siempre objetivas, debe amortizar esa plaza ocupada irregularmente. Bien sea por que la misma ha de ser cubierta mediado un procedimiento legal - arrepentidos los quiere el Señor- amparado bajo principios de igualdad, mérito y capacidad; o bien por cuestiones de insuficiencia presupuestaria, que hacen inviable el sostenimiento de un servicio y por consiguiente, el despido de los empleados que hasta esa fecha lo prestaban, o incluso por razones de reorganización administrativa tras la implantación o modificación de la Relación de Puestos de Trabajo o de la plantilla orgánica de personal.

   Pues bien, desvelada la realidad ante nuestros ojos, la mayor de las preocupaciones, una vez descartadas todas las “cuestiones sentimentales” hacia esa persona que venía ocupando el puesto, y que por norma general, lo hacía con notable actitud, viene a ser: ¿cuánto le corresponde en su finiquito por concepto de indemnización?.

  La más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, las sentencias de 22 de julio de 2013, 25 de Noviembre de 2013 y 21 de Enero de 2014, esta última dictada en unificación de doctrina) viene a contestar a esa pregunta, y así determina que la correcta interpretación de la normativa pasa por la aplicación de la Disposición Transitoria Decimotercera de Estatuto de los Trabajadores, y para aquellos contratos celebrados antes del 31 de diciembre de 2011, la indemnización a satisfacer a los “”indefinidos no fijos” debe corresponderse con la equivalente a 8 días de salario por año de servicios.

 

 

 

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31
Jul

¿QUÉ HACER ANTE LA MOROSIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN?

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Pareciera ser que nuestra Administración Pública gustara de incumplir la ley. Pareciera ser que fuera de su agrado el engullir ingentes cantidades de facturas para después deglutirlas en un cajón, a la espera de que por mor de la falta de luz y el tiempo transcurrido, estas desaparecieran y se esfumaran. Pareciera ser, por que no decirlo, que esta Administración tuviera un alma sádica y disfrutara viendo como a sus sufridas pequeñas empresas y autónomos les recorre una gota de sudor frío por la espalda cuando llega el cierre del trimestre y aún no han les ha pagado los últimos trabajos que le prestaron.

Pareciera ser, ¿verdad?

Ante esto, como ante otros muchos recodos vitales, se pueden tomar dos alternativas, la primera pasará por el “esperar y callar”: Esperar con resignación cristina a que nuestra factura resucite del “cajón de impagadas” y callar por el miedo a que nos pongan una cruz y pasemos al limbo de aquellos que no volvieron a trabajar para esta Entidad… La segunda, pasa por ser conocedor de los derechos que nos asisten y de hacerle saber a la Administración que los plazos legales son iguales para todos.

Así, y una vez superados los 30 días siguientes de plazo establecido en el art. 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a contar desde la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato respecto a los servicios prestados, la administración entrará en mora y por tanto el apesadumbrado contratista podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, además y tras esa reclamación  transcurre un nuevo plazo de un mes, sin que la Administración conteste, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los contratistas podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

 

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