Edilocal Abogados Zaragoza

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Blog De Edilocal Abogados

Bienvenidos al Blog de Edilocal Abogados. Desde aquí compartiremos con vosotros nuestra visión del mundo administrativo local. Aportaremos noticias, opiniones, enlaces, y comentarios de interés en esta rama del derecho tan desconocida y tan apasionante.

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09
Jul

ART. 542 CP. IMPEDIMENTO EN EL EJERICIO DE UN DERECHO. DELITO DE RESULTADO.

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Establece el Artículo 542 del Código Penal:

 Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

No ha de perderse de vista, que en el Estado de Derecho descansa la obligación de garantizar el disfrute de dichos derechos cívicos y no meramente ha de quedar su actuación reducida a un mero reconocimiento formal de estos, y por ello en defensa de la posición del más débil, frente  a conductas obstaculizadoras o impeditivas, debe usar el instrumento de coerción más poderoso de que dispone el Ordenamiento Jurídico: la sanción pena. De tal manera que de no fijarse sanciones y penas a aquellos funcionarios y autoridades que, con conocimiento de causa y en abuso de su posición, impidiesen el libre ejercicio de los derechos a los ciudadanos, el reconocimiento de aquellos derechos cívicos y fundamentales resultaría poco más que “papel mojado”. De ahí la relevancia del artículo 542 del Código Penal, cuya norma de interpretación pasa  fundamentalmente la Constitución, por ser esta  la norma en al que se proclaman los derechos fundamentales de la persona.

 Los elementos del tipo son:

 a) Subjetivo.- El sujeto activo del delito ha de ser necesariamente una autoridad o funcionario público en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Conforme a los amplios términos que al respecto ofrece el artículo 119 del Código Penal, no basta con la condición « in genere » de funcionario público, sino que el mismo ha de participar en el ejercicio de las funciones relacionadas con los derechos de que se trata.

 b) Objetivo.- La conducta típica ha de consistir en una acción u omisión de impedimento total del ejercicio de un derecho. Por tanto, no es suficiente con una mera acción dilatoria (principio de mínima intervención del derecho penal),  sino que, aún existiendo un propósito deliberado de cercenar el ejercicio del derecho, vendrán a resultarán atípicas aquellas conductas que paralicen momentáneamente o retarden el ejercicio de dicho derecho cívico o fundamental, y resultarán típicas aquellas otras conductas que impidan de manera definitiva el disfrute de aquel derecho. Es decir, y dado el carácter absoluto e incondicionado del artículo, se trata de un tipo que se perfecciona con el resultado y bloqueo definitivo para ciudadano que, por “gracia” del actuar administrativo, se queda desamparado ante un derecho previamente reconocido.

 

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02
Jul

LA INDEMNIZACIÓN A SATISFACER PARA LOS "INDEFINIDOS NO FIJOS"

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   Una de la figuras que con mayor habitualidad se encuentran dentro de las plantillas orgánicas del personal municipal, es la del llamado “”indefinido no fijo de plantilla”. Figura de creación jurisprudencial y que, en esencia, abarca a aquel empleado municipal, que por cualquier circunstancia (abundante es la casuística y numerosos los motivos) ha accedido a la función pública por procedimientos, digamos, no respetuosos con los principios de mérito y capacidad.

   El principal problema radica para la administración – y para el trabajador- cuando aquella, y por causas siempre objetivas, debe amortizar esa plaza ocupada irregularmente. Bien sea por que la misma ha de ser cubierta mediado un procedimiento legal - arrepentidos los quiere el Señor- amparado bajo principios de igualdad, mérito y capacidad; o bien por cuestiones de insuficiencia presupuestaria, que hacen inviable el sostenimiento de un servicio y por consiguiente, el despido de los empleados que hasta esa fecha lo prestaban, o incluso por razones de reorganización administrativa tras la implantación o modificación de la Relación de Puestos de Trabajo o de la plantilla orgánica de personal.

   Pues bien, desvelada la realidad ante nuestros ojos, la mayor de las preocupaciones, una vez descartadas todas las “cuestiones sentimentales” hacia esa persona que venía ocupando el puesto, y que por norma general, lo hacía con notable actitud, viene a ser: ¿cuánto le corresponde en su finiquito por concepto de indemnización?.

  La más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, las sentencias de 22 de julio de 2013, 25 de Noviembre de 2013 y 21 de Enero de 2014, esta última dictada en unificación de doctrina) viene a contestar a esa pregunta, y así determina que la correcta interpretación de la normativa pasa por la aplicación de la Disposición Transitoria Decimotercera de Estatuto de los Trabajadores, y para aquellos contratos celebrados antes del 31 de diciembre de 2011, la indemnización a satisfacer a los “”indefinidos no fijos” debe corresponderse con la equivalente a 8 días de salario por año de servicios.

 

 

 

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12
Sep

LAS "OSCURAS INTENCIONES" TRAS LA RENUNCIA Y DESESTIMIENTO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA

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El desistimiento al procedimiento y la renuncia a la celebración del contrato vienen regulados en el artículo 155 del  TRLCSP. La diferencia entre ambas figuras radica en el fundamento que las impulsa, obedeciendo el desistimiento a una infracción de las normas y la renuncia a motivos de interés público. Tanto una como otra deben quedar justificadas en el expediente administrativo, existiendo un límite añadido en la renuncia ya que articulado este mecanismo la administración  no podrá promover una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para su fundamento.

Pero ambas instituciones puede servir para dar cobertura a  “oscuras voluntades” de la administración licitadora, dado que arduo trabajo se configura aquel tendente a argumentar el tan traído “donde dije digo, digo Diego”.  

Así, si el desistimiento puede acogerse (en una interpretación bondadosa) como una defensa “a priorí” del procedimiento, en aras de evitar un conflicto judicial, o como un instrumento de reconstrucción del contrato, también puede destaparse como una forma de modificar los pliegos una vez iniciada la licitación y una vez han sido conocidos, con nombres y apellidos, los licitadores y candidatos.

Pero si ya el camino del desistimiento al procedimiento es complicado aunque salvable, el que lleva por los vericuetos de la renuncia se hace intrincado y pedregoso; por que no se ha de olvidar que por mor del Art. 22 del TRLCSP,  y como acto preparatorio de todo contrato administrativo, se exige la exacta definición previa de las necesidades a satisfacer con el contrato proyectado, y es difícilmente entendible que una  vez ha sido asumida una necesidad pública, ha quedado proyectada, afirmada su idoneidad y encontrada el medio contractual, de repente, el órgano de contratación, por arte de “birlibirloque” decide que no sigue adelante con una licitación tendente a satisfacer esa necesidad pública, y la cual si existía momentos antes.

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31
Jul

¿QUÉ HACER ANTE LA MOROSIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN?

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Pareciera ser que nuestra Administración Pública gustara de incumplir la ley. Pareciera ser que fuera de su agrado el engullir ingentes cantidades de facturas para después deglutirlas en un cajón, a la espera de que por mor de la falta de luz y el tiempo transcurrido, estas desaparecieran y se esfumaran. Pareciera ser, por que no decirlo, que esta Administración tuviera un alma sádica y disfrutara viendo como a sus sufridas pequeñas empresas y autónomos les recorre una gota de sudor frío por la espalda cuando llega el cierre del trimestre y aún no han les ha pagado los últimos trabajos que le prestaron.

Pareciera ser, ¿verdad?

Ante esto, como ante otros muchos recodos vitales, se pueden tomar dos alternativas, la primera pasará por el “esperar y callar”: Esperar con resignación cristina a que nuestra factura resucite del “cajón de impagadas” y callar por el miedo a que nos pongan una cruz y pasemos al limbo de aquellos que no volvieron a trabajar para esta Entidad… La segunda, pasa por ser conocedor de los derechos que nos asisten y de hacerle saber a la Administración que los plazos legales son iguales para todos.

Así, y una vez superados los 30 días siguientes de plazo establecido en el art. 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a contar desde la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato respecto a los servicios prestados, la administración entrará en mora y por tanto el apesadumbrado contratista podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, además y tras esa reclamación  transcurre un nuevo plazo de un mes, sin que la Administración conteste, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los contratistas podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

 

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23
Jul

LA UTILIDAD PRÁCTICA DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

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Ciertamente, y no creo que vaya descubrir nada nuevo cuando afirmo sin ningún rubor que un elevadísimo número de entes locales, sobre todo los de pequeño y mediano tamaño, carecen por completo de instrumentos de organización de los recursos humanos.  Esta deficiencia trae lógicos problemas: empleados laborales temporales que por “arte de magia” y el sucesivo encadenamiento de contratos se transforman en indefinidos, funcionarios desmotivados a los que se les coarta su derecho a la promoción y al desarrollo de una carrera administrativa, exceso de efectivos dentro de la organización, complemento específicos injustificados, palos y zanahorias repartidos por la autoridad de turno en función del afecto o desafecto hacia uno u otro personal, etc, etc. Estos entes locales funcionan solamente con la aprobación de plantilla de personal, la cual es tan solo un instrumento de perfil contable, que da soporte al capítulo uno del presupuesto de gastos, y ya sea por falta de previsión, ya sea por falta de un correcto asesoramiento “malgastan” recursos públicos mes tras mes en las nóminas del personal.

Por que dejando por el momento a un lado la obligación legal establecida en los artículos 90.2 de la LBRL,  el 126 del RDL 781/1986 y 74 del EBEP, la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (o RPT) debe tener como objetivo principal el poder utilizar las técnicas de búsqueda, selección y evaluación de personal, que nos permitan alcanzar los fines de la organización municipal, satisfaciendo las necesidades  tanto de los ciudadanos y administrados, como de los empleados que la integran.

Desde el punto de vista de la organización, y atendiendo a la especial naturaleza de una Entidad Local, los objetivos que se deben alcanzar vienen en esencia a coincidir, con la prestación  eficaz e eficiente de los servicios que les encomienda tanto la LBRL como la LALA (en el caso de Aragón). Así la RPT constituye la esencia misma de la productividad de una organización. Es decir, conforme vamos avanzado en el tamaño de un Ayuntamiento, las necesidades de organización pasan desde un sistema básico de mando y funciones, hacia sistemas de trabajo que requieren ser regulados y establecidos, para que sean conocidos tanto por los responsables de la organización (Alcalde y Concejales) como por los integrantes de la misma (empleados públicos municipales). Por ello, se hace absolutamente preciso la implantación de un sistema organizativo (RPT fundamentalmente) que analice, describa, clasifique, organice, diseñe y gestione una organización laboral con cierto grado de complejidad. Esta tarea, no exenta de dificultades, a la larga facilita al buen gestor municipal el conocimiento de su organización, de tal manera que éste pueda tomar las decisiones más adecuadas que le permitan llegar tanto a los objetivos que legalmente le han sido dados como a aquellos a los que se ha comprometido en su programa político, y hacerlo de una manera más justa con sus empleados,  más eficaz para sus ciudadanos y de mayor eficacia para con su Ayuntamiento. 

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