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20
Dic

LOS LÍMITES DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA EXIGENCIA DE SOLVENCIA A LAS PYMES

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El principio cualquier licitación de un contrato público pasa por su apertura a todos los empresarios que, por razón de su actividad, puedan realizar la prestación que se establezca en el  objeto del contrato. Pero, por razones de eficacia, sin embargo, se exige garantizar que las empresas que concurren a esa licitación reúnan los requisitos que les permitan, efectivamente, ejecutar el contrato en caso de resultar adjudicatarias.

 

A su vez, y por aplicación del derecho europeo sobre nuestra propia legislación contractual nacional, han de prevalecer las interpretaciones de aquellos principios rectores basados en la concurrencia, no discriminación y transparencia, de tal suerte que, en caso de conflicto con el contenido de unos pliegos que impliquen un limitación a la concurrencia de licitadores, será preciso requerir una justificación previa y suficiente del órgano de contratación a cerca de esa necesidad de solvencia en relación con el objeto del contrato o con los fines que se pretenden satisfacer con él.

 

En estos términos se pronunció la Resolución nº 146/2012, del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, añadiendo, además que: « [...] debe tenerse en cuenta que la relación de proporcionalidad del requisito exigido con el objeto del contrato debe resultar de la necesidad de que se cumpla el primero para que el segundo pueda ser llevado a la práctica de forma adecuada [...]».

 

Por ello cualquier limitación a esa libre concurrencia debe estar previamente justificada y ser proporcionalidad al objeto del contrato , pues supone un impedimento que se impone a las eventuales empresas concurrentes.


Si bien todo este cuerpo doctrinal y legal se recogía en la “anterior” legislación contractual: artículo 62.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (vigente hasta el 9 de marzo del 2018),  ahora es recogido con mayor fuerza por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando, en su exposición de motivos se postula a favor del apoyo e impulso a la PYMES en la licitación pública y lo concreta en sus artículos 74.2 y 87.2. De tal modo que se establece que los requisitos mínimos de solvencia que deba reunir el empresario y la documentación requerida deberá estar vinculada al objeto del contrato y ser proporcionales al mismo sin que la exigencia de una determinada solvencia económica o financiera suponga, en ningún caso, un obstáculo a la participación en las licitación de la PYMES.

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