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09
Jul

ESPERADA SENTENCIA DEL SUPREMO SOBRE LA PLUSVALÍA: SOLO SE PUEDE RECLAMAR CUANDO HUBO PÉRDIDAS

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El Tribunal Supremo ha establecido que las liquidaciones o autoliquidaciones por la plusvalía municipal, podrán anularse solo cuando se haya probado por parte del contribuyente la existencia de un pérdida de valor, que posteriormente podrá ser contrastada por el Ayuntamiento

Es decir, con ello el Tribunal Supremo pone fin al vacío legal que se venía dando en los últimos tiempos, tras que en febrero del año pasado el Tribunal Constitucional establecía la inconstitucionalidad de algunos preceptos que regulan el impuesto.. Ahora el Alto Tribunal aclara que solo se podrá reclamar la devolución e la plusvalía en los casos en los que se pruebe que hubo pérdidas.

En relación con la carga de la prueba o a quién le corresponde probar lo alegado sobre la la inexistencia de una plusvalía "real y efectiva", el tribunal considera que corresponde al contribuyente probar esa inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido y que para acreditar que no ha existido la plusvalía "podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla", como por ejemplo la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las escrituras. Una vez aportada esta prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, el Supremo señala que "deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones".

 En el siguiente enlace del web del Tribunal Supremo se expresa que:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-determina-el-alcance-de-la-sentencia-del-Constitucional-sobre-la-plusvalia

El Tribunal Supremo ha determinado que, para eludir el pago de la plusvalía municipal al vender un inmueble, es el contribuyente el que debe demostrar con pruebas que no hubo ninguna ganancia con la transacción.

Aunque el Supremo deja la carga de la prueba en manos del contribuyente, que será quien deba probar que no hubo incremento del valor del terreno que haya vendido, el tribunal admite que “podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla” como serían la diferencia entre el valor de adquisición y el de venta que aparezca en las escrituras públicas. Todos estaban a la esperada sentencia del Tribunal Supremo para unificar las distintas doctrinas sostenidas por los juzgados y tribunales. Ahora la sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal confirma que solo se podrán anular las liquidaciones del impuesto que se hayan producido con pérdidas y que debe ser el propio contribuyente el que debe demostrar que no hubo ganancia con la transacción del inmueble. Esperada sentencia del Tribunal Supremo sobre el pago de la plusvalía municipal. La sala de lo contencioso administrativo del Alto Tribunal confirma que el pago del incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana (IITNU), más conocido como plusvalía municipal, se seguirá cobrando cuando se genere una ganancia y determina que debe ser el contribuyente el que debe demostrar que vendió su casa con pérdidas. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ángel Aguallo, interpreta el alcance de la declaración de inconstitucionalidad contenida en la STC 59/2017. Considera, de una parte, que los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL, a tenor de la interpretación que debe darse al fallo y fundamento jurídico 5 de la STC 59/2017, "adolecen solo de una inconstitucionalidad y nulidad parcial". "En este sentido, son constitucionales y resultan, pues, plenamente aplicables, en todos aquellos supuestos en los que el obligado tributario no ha logrado acreditar (…) que la transmisión de la propiedad de los terrenos por cualquier título (o la constitución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio, sobre los referidos terrenos) no ha puesto de manifiesto un incremento de su valor o, lo que es igual, una capacidad económica susceptible de ser gravada con fundamento en el artículo 31.1 CE". De otra parte, entiende que "el artículo 110.4 del TRLHL, sin embargo, es inconstitucional y nulo en todo caso (inconstitucionalidad total) porque, como señala la STC 59/2017, ‘no permite acreditar un resultado diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene’, o, dicho de otro modo, porque ‘impide a los sujetos pasivos que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5)’”. Es, precisamente, esta nulidad total del artículo 110.4 del TRLHL la que, de acuerdo con la Sala Tercera, "posibilita que los obligados tributarios puedan probar, desde la STC 59/2017, la inexistencia de un aumento del valor del terreno ante la Administración municipal o, en su caso, ante el órgano judicial, y, en caso contrario, es la que habilita la plena aplicación de los artículos 107.1 y 107.2 a) del TRLHL". En relación con la prueba de la inexistencia de una plusvalía real y efectiva obtenida en la transmisión del terrero, considera el tribunal, en primer lugar, que corresponde "al obligado tributario probar la inexistencia de incremento de valor del terreno onerosamente transmitido"; en segundo término, que para acreditar que no ha existido la plusvalía gravada por el IIVTNU "podrá el sujeto pasivo ofrecer cualquier principio de prueba, que al menos indiciariamente permita apreciarla" (como es, por ejemplo, la diferencia entre el valor de adquisición y el de transmisión que se refleja en las correspondientes escrituras públicas); y, en tercer lugar, en fin, que aportada "por el obligado tributario la prueba de que el terreno no ha aumentado de valor, deberá ser la Administración la que pruebe en contra de dichas pretensiones para poder aplicar los preceptos del TRLHL que el fallo de la STC 59/2017 ha dejado en vigor en caso de plusvalía". Finalmente, considera el tribunal que en la medida en que la existencia de una plusvalía real y efectiva resulta perfectamente constatable sobre la base del empleo de los medios de comprobación que establece la Ley General Tributaria en los artículos 105 y siguientes, medios que permiten rechazar que la norma autorice a la Administración para decidir con entera libertad el valor real del terreno onerosamente transmitido, no existe -en los casos en los que se liquida el IIVTNU- vulneración de la reserva de ley tributaria recogida en los artículos 31.3 y 133.1 CE, ni quiebra alguna del principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE)"

 

 

 

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