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05
Dic

¿CUÁL ES EL PLAZO DE EJECUCIÓN FORZOSA PARA SENTENCIAS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS?

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Dejando a un lado el plazo de ejecución voluntaria, sobre el que no existe (en principio) gran polémica, en tanto en cuanto, el artículo 104.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, lo fija en transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia al órgano administrativo encargado de su ejecución. Nos centraremos en el plazo de ejecución forzosa.

 

Previamente indicar que esta ejecución ha de ser instada por las partes o (incluso) por las personas que pudieran quedar afectadas por la misma. Es decir, la ejecución forzosa de la sentencias contencioso-administrativas no se inicia de oficio.

 

El dies a quo (o día de inicio del plazo) comienza a correr a los dos meses desde el día siguiente que hemos señalado cómo aquel en que fue comunicada a la administración pública la diligencia de ordenación por la que quedó establecida la firmeza de aquella. Una vez iniciado este plazo, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuánto tiempo hay para ejecución de estas sentencias? y la siguiente sería (esta ya debería hacérsela abogado que nos lleva el asunto) ¿es un plazo de prescripción o de caducidad?

 

Pues ambas preguntas ya fueron contestadas por la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2005, en donde se indicaba que: «la acción de ejecución está sujeta al plazo general de prescripción de quince años establecido en el artículo 1964 del Código Civil para las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción».

 

Por lo tanto, y contestando a la segunda, nos encontramos ante un plazo de prescripción y no de caducidad.

 

Ahora bien, para responder a la primera pregunta, hay que considerar que tras la reforma operada por Ley 42 / 2015, de 5 de octubre, de Reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y por la cual se viene a modificar el artículo 1964 CC, el plazo de prescripción de la acciones personales se ha reducido significativamente desde los 15 a los 5 años y, en consecuencia, el vigente plazo de ejecución de sentencias del orden contencioso-administrativo pasa a ser de 5 años.

 

Por último, e incluso llegando más allá, esto es, para los sentencias cuya ejecución es anterior a la entrada en vigor de la Ley 42 / 2015, de 5 de octubre. Para estos casos hemos de acudir a la disposición transitoria quinta de esta ley, que nos remite al artículo 1939 del CC. De tal modo que se ha de llegar a la misma conclusión: el plazo de prescripción de acciones personales es siempre de 5 años. Así se establece en el citado artículo del CC:“La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”

 

En definitiva, que no nos pase como al camarón que se duerme en medio de la corriente, pues, una inacción prolongada por más de cinco años hará que nuestro derecho a instar la ejecución de una sentencia decaiga.

 

 

 

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