NORMAS CONTRATACIÓN PÚBLICA

¿CUÁNTAS NORMAS AFECTAN A LOS CONTRATOS PÚBLICOS?

Pues si se empieza a profundizar en la maquinaria legal administrativa y en cómo funciona esta a la hora de preparar, licitar, adjudicar, formalizar y ejecutar un contrato administrativo público el resultado puede ser abrumador. La primera respuesta sencilla, la casi dogmática, sería acudir al código de contratos del sector público.  Y aquí empieza el «mareo» para cualquier persona profana en el materia pues nos daremos de bruces con la realidad: 46 normas, órdenes y resoluciones, 1.026 páginas y otros tantos miles de artículos… ahí es nada. 

Y si nos permiten la confidencia, eso es tan sólo la legislación básica o si quieren esta es únicamente la parte esencial codificada por el Ministerio de Presidencia para el Estado, pues hay otras tantas normas autonómicas de contratación pública, otras tantas normas incidentes administrativas y civiles estatales, Reglamentos y Directivas europeas y una larga serie de pronunciamientos de Tribunales Administrativos de Contratos. Sin olvidar, por supuesto, la jurisprudencia emanada de los Tribunales y Juzgados de Justicia, tanto nacionales como europeos. Si no han ido a buscar ya el bote de pastillas para el mareo, aún estamos a tiempo.

Pero bien, ¿Por qué toda esta retahíla inagotable de normativa? ¿Tan difícil es licitar o ejecutar un contrato del sector público? ¿En qué medida me afectan si quiero preparar una oferta? No se agolpen a la entrada con tantas preguntas, pues cada una de ellas daría para una serie pormenorizada de posts.  Lo más prudente es ir paso a paso, sin perder la visión global, y ser consciente de cada una de las fases que componen la práctica administrativa de la contratación pública. Acudan a las normas una vez tengan claro el objetivo y estén valorando la decisión en cada momento. Esto es, sírvanse de ellas como quién consulta una mapa o una brújula en busca de un objetivo y no como el que le pregunta a Google, a modo de Oráculo de Delfos, en busca de una respuesta unívoca a sus cavilaciones.

Tanta definición y proliferación normativa, sin embargo, tiene una base o principios elementales, a saber y en lo que respecta a la licitación de los contratos, que no son otros que la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato entre los participantes. De tal modo que si nuestro negocio está en situación de oferta un servicio, un producto o una obra a la Administración, ésta garantiza que le podemos vender en igualdad de condiciones que cualesquiera de nuestros competidores, por muy renombrados que estos sean. «Sólo» debemos ser capaces de ofertarle al Sector Público la mejor propuesta calidad-precio, sin entrar a valorar otras condiciones o condiciones discrecionales.

Pero es más y en lo que afecta a los autónom@s y PYMES, la vigente normativa, con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público a la cabeza, establecen entre sus objetivos tanto la mayor transparencia en la contratación pública y la consecución para el sector público de la mejor oferta calidad-precio, de la que ya hemos avanzado algo, como favorecer el acceso a los autónomos y  PYMES a los contratos públicos  y que se utilice la contratación pública como instrumento para desarrollar políticas en este sentido, entre otros. Por lo que la «abrumadora legislación», toda esas normas que nos pueden parecer complejas a primer golpe de vista – y no negamos la evidencia, pues ciertamente es así- una vez las vayamos transitando las debemos ver como una normativa garantista que respalda nuestras posibilidades de ofertar con éxito a la Administración Pública y todos los entes públicos que la aplican.  

Sintetizando en la medida de lo posible, el «mercado de la contratación pública», como cualquier otro, tienes sus normas de funcionamiento, amplias, extensas y pormenorizadas en diferentes textos y a varios niveles administrativos, que requieren, como no puede ser otra manera, un conocimiento de las reglas del juego para no naufragar en nuestro propósito. Cuanto más amplio sea este conocimiento, claro es, mejor para conseguir el objetivo. Pero, no se ha de perder de vista que  vender en el sector público también es posible para tod@s los autónomos, y para la pequeña y mediana empresa.  Caminante no hay camino y siempre hay que dar un primer paso. Buscar o tener el asesoramiento adecuado , tener los conocimientos suficientes siempre es de gran ayuda, porque el mercado público aguarda nuestra propuesta y las reglas son iguales para todos.

Tengan cuidado ahí fuera 😉

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