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¿SE PUEDE NEGAR LA PARTICIPACIÓN A EMPRESAS SIN INVITACIÓN EN LOS PROCEDIMIENTOS NEGOCIADOS?

En ocasiones se pudiera pensar, y de hecho así ocurre con notable frecuencia, generalmente por parte de la Administración, que por estar licitándose un contrato por alguno de los procedimientos negociados recogidos en los artículos 166 y siguientes de la  Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, (LCSP) ya no pueden concurrir al mismo distintas empresas, Pymes y/o autónomos de las previamente invitados por el órgano de contratación o que su número, en todo caso, no debe superar el de 3 competidores. Esta posición administrativa se da con mayor asiduidad en el procedimiento negociado sin publicidad del artículo 168 LCSP.

Pues bien, según el criterio que se muestra en el acuerdo que hoy traemos: Resolución 248/2021 Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, dada el reciente 17 de junio 2021, esto no es así (como norma general, pues existe alguna que otra excepción de las que hablaremos en otros post). En dicha resolución el Tribunal Administrativo, haciendo un repaso a la jurisprudencia y doctrina producida sobre este aspecto, nos da unas importantes pinceladas que deberían servir de guía a los órganos de contratación y, también, a aquellos licitadores que estuviesen interesados en participar en estos procedimientos públicos. Puesto que no hay que olvidar que, a diferencia de lo que ocurría con la anterior ley de contratos, en la actualidad no está limitado el importe de estos procedimientos negociados  a una determinada cuantía.

El Tribunal andaluz estima, en esencia, que si concurre al procedimiento un licitador que no ha sido previamente invitado en el momento en que se admiten aún las ofertas, el órgano de contratación debe admitir esa oferta o, cuando proceda, remitirle una invitación para poder participar en dicho procedimiento,  siempre y cuando, claro está,  reúna los requisitos de capacidad de obrar, solvencia exigidos en los pliegos y no esté incurso en prohibiciones para contratar.

A pesar de la contumacia que, en ocasiones, no siempre, muestra la Administración en entender lo contrario, lo cierto es que no estamos ante una interpretación legal novedosa. Así, en el mismo sentido y bajo el marco legal anterior pero con similares argumentaciones que aún siguen siendo aplicables, ya se pronunció la  Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado en su informe 33/2009, dado el 1 de febrero de 2010 (citada la resolución 248/2021) en dónde señalaba que la posibilidad de negar a un empresario acudir a una licitación puede suponer dispensarle un tratamiento  discriminatorio y no igualitario. En tanto que esa facultad del órgano de contratación, para elegir a determinados licitadores, no puede ser contrario al principio de transparencia del procedimiento que ha de regir el procedimiento.

precio, valor estimado y presupuesto

EL PRECIO, EL PRESUPUESTO Y EL VALOR ESTIMADO

Como si de «el bueno, el feo y el malo» hoy  se baten en duelo «el precio, el presupuesto y el valor estimado». Al final sólo puede quedar uno. Aquel que tras imponerse a los otros dos permanezca en pie durante la ejecución contractual, aquel que aguante las embestidas de la licitación y saliendo al galope con su caballo, una vez formalizado el contrato, pueda contar las muchas o pocas monedas del botín. Símiles del «espaguetti western» aparte,  estos tres conceptos básicos que hoy sacamos a la palestra se dan en todo contrato administrativo (o deberían darse) y es sumamente importante conocerlos si queremos saber, entre otras cosas, cuánto tiene previsto gastar la Administración, cuánto es lo máximo que puede pagar y cuánto vamos a cobrar por nuestros servicios, nuestras obras o suministros. Bajemos al Saloon a ver qué se cuece:

  1. El presupuesto base de licitación esta regulado en el artículo 100  de la LCSP y se define como el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA, salvo disposición en contrario.  Es preciso destacar (antes no era así) que en los pliegos se han de desglosar con claridad  los costes directos, los costes indirectos y otros eventuales gastos. Además cuando en los costes se encuentren gastos de personal, será necesario que figure un mayor desglose en base a género, categoría profesional y convenio laboral de referencia. Ojo con esto que aquí, en muchas ocasiones, «viene curvas» y para muestra la Resolución Nº 1263/2019  del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 11.11.2019. En esta resolución, en esencia, se estima parcialmente el recurso porque a la vista de los pliegos no se ofrece la obligada información desagregada por géneros, ni la información relativa al salario bruto anual de cada uno de los trabajadores a subrogar y por tanto obliga al poder adjudicador a retrotraer las actuaciones para la elaboración de nuevos pliegos en los que se indiquen el salario bruto de los trabajadores y la desagregación por sexos.
  2. El valor estimado del contrato, viene definido en el extenso artículo 101 de la LCSP y es aquel determinado, en el caso de los contratos de obras, suministros y servicios, por el importe total, sin incluir el IVA, pagadero según sus estimaciones. Y para el caso de los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios, por el importe neto de la cifra de negocios, sin incluir el IVA, que según sus estimaciones, generará la empresa concesionaria durante la ejecución del mismo como contraprestación por las obras y los servicios objeto del contrato, así como de los suministros relacionados con estas obras y servicios. Este concepto es de notable importancia duranta le fase de licitación y de su obtención (debe calcularse siempre previamente por el poder adjudicador) se determinan, entre otros muchos aspectos del contrato, la publicidad, el procedimiento que deberá seguirse o la clase de recursos que contra los actos de las licitaciones puedan interponer por los interesad@s.
  3. El precio del contrato, el último de estos 3 conceptos y viene fijado en el artículo 102 de la LCSP. y se corresponde con el abono que se hará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe del IVA, que en todo caso se indicará como partida independiente. De esto se infiere que el precio viene fijado por la oferta económica del adjudicatario y, a diferencia de los otros dos, este concepto ya sólo opera una vez se está ejecutando la prestación o ya ha sido totalmente ejecutada. Con respeto a su pago el artículo 198.4 de la LCSP  , como regla general, dictamina que la Administración tiene la obligación de pagar el precio dentro de los 30 días siguientes a la fecha de aprobación de las certificaciones de obra o de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o servicios prestados, y si se demorase, deberá abonar al contratista,  los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. 

Así que, como ya habrán podido adivinar, el final de la película se acerca y podemos ver como es «el precio» quien vence este duelo al sol y quien determina el valor de la bolsa del adjudicatario (tenga esta pocas o muchas monedas, que eso ya es harina de otro costal), ahora ya investido como contratista, que ha ganado el contrato público. 

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SOLUCIONES PYMES CONTRATO PÚBLICO

5 PROBLEMAS (Y POSIBLES SOLUCIONES) DE LAS PYMES PARA VENDER AL SECTOR PÚBLICO.

Por todos es conocido que la situación es tremendamente compleja. Desde cualquier punto de vista la realidad es abrumadora: social, económica, sanitaria, política, etc. Pero esto no nos puede hacer caer en la desesperación y, como no puede ser de otra manera, hay que seguir hacia delante y buscar soluciones a los problemas de nuestros negocios. Quizá, entre las muchas ideas, alternativas o soluciones, podamos echar la vista sobre el Sector Público, ese gran y potencial comprador, como ya hemos mencionado en otro post , como una de las posibles fuentes de ingresos para nuestra empresa. 

En principio, tanto si nuestro negocio es una PYME o somos autónom@s, podríamos llegar a pensar que nuestra actividad tiene un difícil encaje para las grandes (y no tan grandes) compras que hace el Sector Público. Es cierto, argumentos suficientes para llegar a esa conclusión hay unos cuantos. Hoy trataremos algunos de ellos pero, a su vez,  intentaremos ir un poco más allá dando algunas posibles claves para superar esas iniciales barreras.

1.- El Sector Público es enorme y complejo y nada que ver con mi pequeño negocio. Cierto, tanto las Administraciones Públicas (Estado, Local y Autonómica) los poderes adjudicadores (o no adjudicadores) y resto de sector público que esté afectado a la Ley de contratos del sector público son, con diferencia, de mayor tamaño organizativo y económico que nuestra PYME o nuestro proyecto empresarial. Además su funcionamiento y estructura puede resultar enrevesado, abigarrado o difícil de entender si lo comparamos con la pequeña estructura de nuestra empresa (muchas veces forma por un autónom@ y, con suerte, alguna persona contratada). 

Posible solución: Esto no debemos verlo como una desventaja. Al contrario, una PYME cuenta con un valor añadido muy importante para el sector público: su flexibilidad y capacidad de dar respuesta ante los problemas diarios a los que se enfrenta una gran/mediana/pequeña Administración Pública (en el concepto más amplio posible) para prestarle determinados servicios, hacerse con suministros o ejecutar obras y  reparaciones. Siendo, además, esa agilidad un factor muchas veces decisivo para decantar la adjudicación del contrato a favor de una PYME. Piénsese, sin ir mucho más lejos, en los contratos de emergencia, regulados en el artículo 120 de la LCSP, que han estado tan en boga en el sector público, por desgracia, en estos últimos meses.

2.- Las normas de contratación pública son intrincadas, inmensas y difíciles de comprender para quienes no están en contacto diario con ellas . Cierto, de esto ya tratamos con mayor amplitud en el post anterior

Posible Solución: Sin olvidar todo lo que ya he dijimos en ese post, no se ha pasar por alto que a nada que se conozcan los conceptos básicos, las ideas fundamentales o, si se quiere, el «manual de usuario de inicio rápido» cada vez nos resultará más fácil saber qué es lo que tenemos que hacer en cada caso y cómo hacerlo en cada momento. Por supuesto, puede suceder que para aspectos concretos, dudas puntuales o problemas de mayor calado se necesite el asesoramiento de profesionales cualificados. Pero eso mismo  nos ocurre cuando consultamos a nuestro gestor o a un asesor fiscal en temas tributarios, verdad?

3.- La Administración tarda mucho en pagar. Esto es una verdad a medias y quizá precedido de una mala (y ganada) fama anterior. Sin embargo los cambios legislativos producidos en los últimos años y los esfuerzos que han hecho las Administraciones para «ponerse al día» con los acreedores han sido notables, y en este aspecto, con mucha diferencia, la Administración Local.

Posible Solución: Las normas de contratación establecen el período máximo de pago en 30 días desde la recepción de los bienes o servicios y la emisión de la factura correspondiente. Superado ese plazo empiezan a devengarse intereses moratorios muy por encima del interés legal del dinero, son los denominadosintereses de demora en operaciones comerciales” y que a día de hoy se sitúan alrededor del 8%. De tal modo que esa inicial (y eventual) falta de liquidez, posteriormente se ve compensado con unas cantidades compensatorias muy notables.

4.- Los requisitos mínimos que pide la Administración para licitar son muy elevados. Cierto, si bien con matices y en función del contrato. El sector público tiene cierta margen, por así decirlo, para establecer las condiciones previas para ejecutar la prestación que se contrata, siempre dichos requisitos estén vinculados al objeto del contrato sean proporcionales. Es decir, nosotros como operador económico, hemos de disponer de una serie de condiciones que garanticen que somos capaz de ejecutar el contrato.  Estamos hablando aquí de lo que en la legislación llama «solvencias» (la solvencia económica-financiera, y la profesional-técnica.)

Posible solución: La determinación de esos requisitos mínimos  que hacen los poderes adjudicadores no han de impedir que puedan acceder al contrato determinadas empresas de menor dimensión y capacidad que podrían ejecutarlo pero que no llegan a los niveles que ha marcado el órgano de contratación. En este sentido el Artículo 75 de la LCSP permite la integración de la solvencia por medios externos. Es decir, que nos podemos servir de la colaboración, ayuda o alianza de otras empresas o autónom@s  para poder concurrir al contrato, siempre que demostremos que durante toda la duración de la prestación dispondremos de esos medios, y la entidad a la que se recurramos no esté incursa en una prohibición de contratar, claro está.

5.- Es difícil conocer y acceder al contenido de las licitaciones. Esta como la referida al plazo de pago de las Administraciones, es una verdad a medias y basada en procedimientos, como el negociado sin publicidad, que ya son utilizados de una manera mucho más residual que hasta hace cuatro años. Por otro lado sí que es cierto que, como ya hemos dicho, quizá sea dificultoso conocer, al menos al principio, todos los conceptos, materias, categorías que se recogen en un pliego.

Posible solución: A día de hoy la publicidad y el contenido de las licitaciones se impulsa, fundamentalmente desde, la Plataforma de Contratación del Sector Público, que es el lugar donde se alojan los gran parte de los perfiles de las entidades del sector público, ya sea estatal, autonómico o local.  De tal manera que a pocos «golpes de clic» podremos empezar a seleccionar aquellas ofertas de negocio que mejor encajen con nuestra empresa. Sin olvidar, además, que la tramitación del procedimiento de licitación también debe ser, esencialmente, electrónico y que muchas de esos procesos electrónicos se realizan, precisamente, desde y a través de esta plataforma de contratación. Pero esto esto ya harina de otro costal o si se quiere de otro post.

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NORMAS CONTRATACIÓN PÚBLICA

¿CUÁNTAS NORMAS AFECTAN A LOS CONTRATOS PÚBLICOS?

Pues si se empieza a profundizar en la maquinaria legal administrativa y en cómo funciona esta a la hora de preparar, licitar, adjudicar, formalizar y ejecutar un contrato administrativo público el resultado puede ser abrumador. La primera respuesta sencilla, la casi dogmática, sería acudir al código de contratos del sector público.  Y aquí empieza el «mareo» para cualquier persona profana en el materia pues nos daremos de bruces con la realidad: 46 normas, órdenes y resoluciones, 1.026 páginas y otros tantos miles de artículos… ahí es nada. 

Y si nos permiten la confidencia, eso es tan sólo la legislación básica o si quieren esta es únicamente la parte esencial codificada por el Ministerio de Presidencia para el Estado, pues hay otras tantas normas autonómicas de contratación pública, otras tantas normas incidentes administrativas y civiles estatales, Reglamentos y Directivas europeas y una larga serie de pronunciamientos de Tribunales Administrativos de Contratos. Sin olvidar, por supuesto, la jurisprudencia emanada de los Tribunales y Juzgados de Justicia, tanto nacionales como europeos. Si no han ido a buscar ya el bote de pastillas para el mareo, aún estamos a tiempo.

Pero bien, ¿Por qué toda esta retahíla inagotable de normativa? ¿Tan difícil es licitar o ejecutar un contrato del sector público? ¿En qué medida me afectan si quiero preparar una oferta? No se agolpen a la entrada con tantas preguntas, pues cada una de ellas daría para una serie pormenorizada de posts.  Lo más prudente es ir paso a paso, sin perder la visión global, y ser consciente de cada una de las fases que componen la práctica administrativa de la contratación pública. Acudan a las normas una vez tengan claro el objetivo y estén valorando la decisión en cada momento. Esto es, sírvanse de ellas como quién consulta una mapa o una brújula en busca de un objetivo y no como el que le pregunta a Google, a modo de Oráculo de Delfos, en busca de una respuesta unívoca a sus cavilaciones.

Tanta definición y proliferación normativa, sin embargo, tiene una base o principios elementales, a saber y en lo que respecta a la licitación de los contratos, que no son otros que la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato entre los participantes. De tal modo que si nuestro negocio está en situación de oferta un servicio, un producto o una obra a la Administración, ésta garantiza que le podemos vender en igualdad de condiciones que cualesquiera de nuestros competidores, por muy renombrados que estos sean. «Sólo» debemos ser capaces de ofertarle al Sector Público la mejor propuesta calidad-precio, sin entrar a valorar otras condiciones o condiciones discrecionales.

Pero es más y en lo que afecta a los autónom@s y PYMES, la vigente normativa, con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público a la cabeza, establecen entre sus objetivos tanto la mayor transparencia en la contratación pública y la consecución para el sector público de la mejor oferta calidad-precio, de la que ya hemos avanzado algo, como favorecer el acceso a los autónomos y  PYMES a los contratos públicos  y que se utilice la contratación pública como instrumento para desarrollar políticas en este sentido, entre otros. Por lo que la «abrumadora legislación», toda esas normas que nos pueden parecer complejas a primer golpe de vista – y no negamos la evidencia, pues ciertamente es así- una vez las vayamos transitando las debemos ver como una normativa garantista que respalda nuestras posibilidades de ofertar con éxito a la Administración Pública y todos los entes públicos que la aplican.  

Sintetizando en la medida de lo posible, el «mercado de la contratación pública», como cualquier otro, tienes sus normas de funcionamiento, amplias, extensas y pormenorizadas en diferentes textos y a varios niveles administrativos, que requieren, como no puede ser otra manera, un conocimiento de las reglas del juego para no naufragar en nuestro propósito. Cuanto más amplio sea este conocimiento, claro es, mejor para conseguir el objetivo. Pero, no se ha de perder de vista que  vender en el sector público también es posible para tod@s los autónomos, y para la pequeña y mediana empresa.  Caminante no hay camino y siempre hay que dar un primer paso. Buscar o tener el asesoramiento adecuado , tener los conocimientos suficientes siempre es de gran ayuda, porque el mercado público aguarda nuestra propuesta y las reglas son iguales para todos.

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PLIEGO DE CLAÚSULAS ADMINSITRATIVAS Y TÉCNICAS

¿QUÉ ES UN PLIEGO DE CLÁUSULAS?

Un momento, ¿¡Cómo que un pliego!? ¿De papel, de esos que se usaban en época cervantina? Bueno, bueno no es así del todo, hemos «avanzado mucho» puesto que la mayoría de las licitaciones ahora son en formato electrónico/digital pero, bien es cierto que, si acudimos al Diccionario panhispánico jurídico podemos comprobar que para la acepción jurídica de pliego se refiere a una pieza de papel doblada que contiene clausulas relativas a un contrato o subastar. Como primera aproximación puede servir y si entramos un poco más en faena, este mismo diccionario expresa que pliego de cláusulas es el conjunto de condiciones que rigen una contratación administrativa y que han sido aprobadas por una Administración en aplicación de la normas procedentes. Esta definición ya es más cercana a la realidad administrativa. 

Si fuésemos algo más prácticos (o mucho más) podríamos estimar que los pliegos de cláusulas son la guía de elaboración de nuestra oferta y el documento esencial que regulará la vida de la prestación, en el supuesto de que se nos adjudique el contrato, claro está. Y nótese, con especial hincapié, que estamos hablando de pliegos, en plural, no en singular, porque lo habitual es que existan, al menos, dos clases de pliegos: Pliego de Cláusulas Administrativas (PCA) y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Si bien, en ocasiones, generalmente para grandes administraciones o contratos de altos importes,  los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas, como si de una matrioska se tratase, se pueden dividir en un Pliego de condiciones generales y en otro de cláusulas particulares.  También puede ocurrir, pero en este caso en licitaciones de pequeños importes, que todos estos pliegos se nos muestren en un único documento  y, por último, porque no decirlo, no es práctica infrecuente que se adjunten a los mismos otros documentos, con información adicional trascendente (memoria, anexos, planos, etc).

En cualquier caso, lo importante  por el momento es saber que, de manera general, y con carácter previo a la presentación de la oferta, y por supuesto al inicio del contrato, toda la información relevante del contrato la tendremos a nuestra disposición de manera pública y gratuita en los pliegos. Como siempre, a esta regla general hay excepciones, en función del procedimiento y la materia del contrato, pero de esos hablaremos otro día.

Tal es la importancia de esta documentación que la jurisprudencia califica a los pliegos como «la ley del contrato» o «lex contractus» o «ley rectora del contrato», escojan la acepción que más les guste. De tal manera que esto hace de los pliegos, una vez aceptados con la presentación de la oferta, un documento vinculante tanto para el licitador (y posterior adjudicatario si consigue hacerse con el contrato) como también para la Administración. Podemos verlo con detalle en el artículo 139 LCSP donde se establece esa  relación causa-efecto entre la presentación de las proposiciones, su aceptación incondicionada e íntegra de los pliegos  y, además, que la prestación a ejecutar ha de serlo conforme a lo fijado en esos pliegos. Ahí es nada.

¿Y qué información puedo encontrar en los pliegos? Pues bien, si volvemos a las clases de pliegos que hemos diferenciado antes, nos detenemos en 3 de ellos por su general relevancia:

  1. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales (o PCAG) son los documentos que contienen las reglas y condiciones que se van a aplicar al contrato de una manera más general o global. La habitual es que no aporten grandes avances con lo que ya se encuentra regulado en la normativa aplicable.
  2. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) son los que nos hablan de las reglas propias de la licitación a la que estamos concurriendo o a la que queremos acudir. Estos pliegos contienen información relativa, entre otros, a: los elementos del contrato, objeto, presupuestos, precios, plazos de ejecución, la capacidades, solvencias  necesarias para licitar, el procedimiento concreto para adjudicar el contrato, cómo y dónde ofertar,  las obligaciones  laborales, sociales y/o económicas del contrato, régimen de modificaciones y resolución, etc, etc.
  3. Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) Mediante esta documentación el órgano administrativo nos traslada las necesidades que está demandado del mercado, es decir, esencialmente nos estará hablando de las características del suministro, obra o servicio que necesita adquirir.

Para quienes quiera profundizar un poco más en los contenidos y alcance de los pliegos, aquí os dejamos el enlace a los artículos de la Ley de Contratos del Sector Pública que lo regula y aquí los correspondientes al Reglamento de Contrato. 

Y vamos cerrando por hoy que toca atender otros menesteres, pero vemos que, en efecto, esto de los Pliegos de Cláusulas o de Condiciones, tanto Administrativas como Particulares, es el documento más trascendente en la tramitación de todo expediente de licitación que se precie así como en la ejecución del posterior contrato. Pues en él (o en ellos) van a venir definidas, con mayor o menor detalle, los aspectos más relevante de las prestación y en ellos disponemos, además, de toda la documentación necesaria para poder preparar la oferta. Así que, cuando detectemos unos pliegos que encajen con nuestro negocio, ya estamos en posición de poder empezar a licitar.

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RAZONES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PUBLICO

5 RAZONES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO

¿Qué mejor forma de empezar un blog que tiene parte de su temática sobre contratación administrativa que hablando sobre las mejores razones para contratar con la propia Administración? Vaya por delante que no pretendemos hacer «apología» de la contratación de pública, pues bien es cierto que, como decía el inolvidable Pau Dones, «Que el blanco sea blanco, Que el negro sea negro, Que uno y uno sean dos, Como exactos son los números, Depende».

Entrando en faena y para centrar la cuestión ¿pero esto del sector público cuánto supone? Pues veamos, las estimaciones para España indican que las compras del sector público son en torno a un 15% del PIB y si miramos hacia Europa este porcentaje sube hasta el 19%. Como rápidamente advertimos el mercado es amplísimo y existen una infinidad de oportunidades para entrar en todos aquellos contratos relacionados con nuestra actividad profesional. Otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿hay hueco para un autónom@ o una PYME en este mundo de los contratos públicos o esto es sólo para grandes empresas? De todo ese «queso» la porción que toman los pequeños empresarios se calcula que es entre el 31% y el 38%. Así que si otros lo hacen ¿yo por qué no?. Quizá haya razones para no acudir a estas oportunidades de negocio, que las hay, no las niego y otro día hablaremos de ellas, pero hoy vamos a valorar los «pros»,  los motivos por los que se debería concurrir a estos procedimientos de compras públicas.

1.-Si acudimos al volumen de compras que efectúa el sector público vemos que estamos frente al mayor comprador que existe a nivel nacional. No hay ningún otro que se le puede acercar.

2.- El sector público es, en realidad, un conjunto de Administraciones Públicas, de Organismos Autónomos, de Entidades Públicas, de entes instrumentales, etc, etc. Por lo que sus necesidades son diversas y de toda clase: contratos de servicios, de obras, de suministros, mixtos…. y eso nos sitúa ante oportunidades diarias para incrementar nuestras ventas  y para abrir nuevas líneas de negocio.

3.- Es un cliente solvente: no existe prácticamente riesgo de impago, en caso de que la prestación esté correctamente realizada, ya que los pagos están previamente comprometidos y por tanto la morosidad se minimiza. Y en el caso de qué está se produjera, esto es, que la Administración se haga la «remolona» a la hora de sacar la cartera, por la razón que fuera, además, esto supone un interés de morosidad a nuestro favor muy superior al interés legal ordinario.

4.- El sector público es un cliente estable ya que sus presupuestos de compras y sus estimaciones, en muchas ocasiones y para una mismo servicio o producto se repiten de manera periódica, tanto a nivel global como particular. Por lo que si se es capaz de ganar las licitaciones, además, se consigue una estabilización de las ventas totales de nuestro negocio.

5.- El hecho de haber sido contratista de una Administración Pública nos dota de prestigio profesional frente a otros competidores, puesto que, por lo general, el sector público sólo selecciona aquellas ofertas que han superado a su competencia, ofreciendo la mejor oferta calidad-precio, en procedimientos de pública concurrencia.

En definitiva ser capaces de poder vender a cualesquiera de los entes que conforman el sector público es un objetivo que debiera plantearse y estar al alcance de toda pequeña empresa o autónomo. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, de cómo llegar a esos escenarios y otros muchas cuestiones iremos hablando a lo largo de este blog. Por el momento, lo más importante es partir de la idea de que el sector público es un cliente potencial muy interesante y que nos puede ayudar en el desarrollo de nuestro negocio.

 

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