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¿POR QUÉ HAY TANTAS NORMAS QUE RIGEN UN CONTRATO PÚBLICO?

Pues si se empieza a profundizar en la maquinaria legal administrativa y en cómo funciona esta a la hora de preparar, licitar, adjudicar, formalizar y ejecutar un contrato administrativo público el resultado puede ser abrumador. La primera respuesta sencilla, la casi dogmática, sería acudir al código de contratos del sector público.  Y aquí empieza el «mareo» para cualquier persona profana en el materia pues nos daremos de bruces con la realidad: 46 normas, órdenes y resoluciones, 1.026 páginas y otros tantos miles de artículos… ahí es nada. 

Y si nos permiten la confidencia, eso es tan sólo la legislación básica o si quieren esta es únicamente la parte esencial codificada por el Ministerio de Presidencia para el Estado, pues hay otras tantas normas autonómicas de contratación pública, otras tantas normas incidentes administrativas y civiles estatales, Reglamentos y Directivas europeas y una larga serie de pronunciamientos de Tribunales Administrativos de Contratos. Sin olvidar, por supuesto, la jurisprudencia emanada de los Tribunales y Juzgados de Justicia, tanto nacionales como europeos. Si no han ido a buscar ya el bote de pastillas para el mareo, aún estamos a tiempo.

Pero bien, ¿Por qué toda esta retahíla inagotable de normativa? ¿Tan difícil es licitar o ejecutar un contrato del sector público? ¿En qué medida me afectan si quiero preparar una oferta? No se agolpen a la entrada con tantas preguntas, pues cada una de ellas daría para una serie pormenorizada de posts.  Lo más prudente es ir paso a paso, sin perder la visión global, y ser consciente de cada una de las fases que componen la práctica administrativa de la contratación pública. Acudan a las normas una vez tengan claro el objetivo y estén valorando la decisión en cada momento. Esto es, sírvanse de ellas como quién consulta una mapa o una brújula en busca de un objetivo y no como el que le pregunta a Google, a modo de Oráculo de Delfos, en busca de una respuesta unívoca a sus cavilaciones.

Tanta definición y proliferación normativa, sin embargo, tiene una base o principios elementales, a saber y en lo que respecta a la licitación de los contratos, que no son otros que la transparencia, la no discriminación y la igualdad de trato entre los participantes. De tal modo que si nuestro negocio está en situación de oferta un servicio, un producto o una obra a la Administración, ésta garantiza que le podemos vender en igualdad de condiciones que cualesquiera de nuestros competidores, por muy renombrados que estos sean. «Sólo» debemos ser capaces de ofertarle al Sector Público la mejor propuesta calidad-precio, sin entrar a valorar otras condiciones o condiciones discrecionales.

Pero es más y en lo que afecta a los autónom@s y PYMES, la vigente normativa, con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público a la cabeza, establecen entre sus objetivos tanto la mayor transparencia en la contratación pública y la consecución para el sector público de la mejor oferta calidad-precio, de la que ya hemos avanzado algo, como favorecer el acceso a los autónomos y  PYMES a los contratos públicos  y que se utilice la contratación pública como instrumento para desarrollar políticas en este sentido, entre otros. Por lo que la «abrumadora legislación», toda esas normas que nos pueden parecer complejas a primer golpe de vista – y no negamos la evidencia, pues ciertamente es así- una vez las vayamos transitando las debemos ver como una normativa garantista que respalda nuestras posibilidades de ofertar con éxito a la Administración Pública y todos los entes públicos que la aplican.  

Sintetizando en la medida de lo posible, el «mercado de la contratación pública», como cualquier otro, tienes sus normas de funcionamiento, amplias, extensas y pormenorizadas en diferentes textos y a varios niveles administrativos, que requieren, como no puede ser otra manera, un conocimiento de las reglas del juego para no naufragar en nuestro propósito. Cuanto más amplio sea este conocimiento, claro es, mejor para conseguir el objetivo. Pero, no se ha de perder de vista que  vender en el sector público también es posible para tod@s los autónomos, y para la pequeña y mediana empresa.  Caminante no hay camino y siempre hay que dar un primer paso. Buscar o tener el asesoramiento adecuado , tener los conocimientos suficientes siempre es de gran ayuda, porque el mercado público aguarda nuestra propuesta y las reglas son iguales para todos.

Tengan cuidado ahí fuera 😉

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¿QUÉ ES UN PLIEGO DE CLÁUSULAS?

Un momento, ¿¡Cómo que un pliego!? ¿De papel, de esos que se usaban en época cervantina? Bueno, bueno no es así del todo, hemos «avanzado mucho» puesto que la mayoría de las licitaciones ahora son en formato electrónico/digital pero, bien es cierto que, si acudimos al Diccionario panhispánico jurídico podemos comprobar que para la acepción jurídica de pliego se refiere a una pieza de papel doblada que contiene clausulas relativas a un contrato o subastar. Como primera aproximación puede servir y si entramos un poco más en faena, este mismo diccionario expresa que pliego de cláusulas es el conjunto de condiciones que rigen una contratación administrativa y que han sido aprobadas por una Administración en aplicación de la normas procedentes. Esta definición ya es más cercana a la realidad administrativa. 

Si fuésemos algo más prácticos (o mucho más) podríamos estimar que los pliegos de cláusulas son la guía de elaboración de nuestra oferta y el documento esencial que regulará la vida de la prestación, en el supuesto de que se nos adjudique el contrato, claro está. Y nótese, con especial hincapié, que estamos hablando de pliegos, en plural, no en singular, porque lo habitual es que existan, al menos, dos clases de pliegos: Pliego de Cláusulas Administrativas (PCA) y el Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT). Si bien, en ocasiones, generalmente para grandes administraciones o contratos de altos importes,  los Pliegos de Cláusulas Administrativas y Prescripciones Técnicas, como si de una matrioska se tratase, se pueden dividir en un Pliego de condiciones generales y en otro de cláusulas particulares.  También puede ocurrir, pero en este caso en licitaciones de pequeños importes, que todos estos pliegos se nos muestren en un único documento  y, por último, porque no decirlo, no es práctica infrecuente que se adjunten a los mismos otros documentos, con información adicional trascendente (memoria, anexos, planos, etc).

En cualquier caso, lo importante  por el momento es saber que, de manera general, y con carácter previo a la presentación de la oferta, y por supuesto al inicio del contrato, toda la información relevante del contrato la tendremos a nuestra disposición de manera pública y gratuita en los pliegos. Como siempre, a esta regla general hay excepciones, en función del procedimiento y la materia del contrato, pero de esos hablaremos otro día.

Tal es la importancia de esta documentación que la jurisprudencia califica a los pliegos como «la ley del contrato» o «lex contractus» o «ley rectora del contrato», escojan la acepción que más les guste. De tal manera que esto hace de los pliegos, una vez aceptados con la presentación de la oferta, un documento vinculante tanto para el licitador (y posterior adjudicatario si consigue hacerse con el contrato) como también para la Administración. Podemos verlo con detalle en el artículo 139 LCSP donde se establece esa  relación causa-efecto entre la presentación de las proposiciones, su aceptación incondicionada e íntegra de los pliegos  y, además, que la prestación a ejecutar ha de serlo conforme a lo fijado en esos pliegos. Ahí es nada.

¿Y qué información puedo encontrar en los pliegos? Pues bien, si volvemos a las clases de pliegos que hemos diferenciado antes, nos detenemos en 3 de ellos por su general relevancia:

  1. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Generales (o PCAG) son los documentos que contienen las reglas y condiciones que se van a aplicar al contrato de una manera más general o global. La habitual es que no aporten grandes avances con lo que ya se encuentra regulado en la normativa aplicable.
  2. Los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) son los que nos hablan de las reglas propias de la licitación a la que estamos concurriendo o a la que queremos acudir. Estos pliegos contienen información relativa, entre otros, a: los elementos del contrato, objeto, presupuestos, precios, plazos de ejecución, la capacidades, solvencias  necesarias para licitar, el procedimiento concreto para adjudicar el contrato, cómo y dónde ofertar,  las obligaciones  laborales, sociales y/o económicas del contrato, régimen de modificaciones y resolución, etc, etc.
  3. Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) Mediante esta documentación el órgano administrativo nos traslada las necesidades que está demandado del mercado, es decir, esencialmente nos estará hablando de las características del suministro, obra o servicio que necesita adquirir.

Para quienes quiera profundizar un poco más en los contenidos y alcance de los pliegos, aquí os dejamos el enlace a los artículos de la Ley de Contratos del Sector Pública que lo regula y aquí los correspondientes al Reglamento de Contrato. 

Y vamos cerrando por hoy que toca atender otros menesteres, pero vemos que, en efecto, esto de los Pliegos de Cláusulas o de Condiciones, tanto Administrativas como Particulares, es el documento más trascendente en la tramitación de todo expediente de licitación que se precie así como en la ejecución del posterior contrato. Pues en él (o en ellos) van a venir definidas, con mayor o menor detalle, los aspectos más relevante de las prestación y en ellos disponemos, además, de toda la documentación necesaria para poder preparar la oferta. Así que, cuando detectemos unos pliegos que encajen con nuestro negocio, ya estamos en posición de poder empezar a licitar.

Tengan cuidado ahí fuera 😉

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5 RAZONES PARA CONTRATAR CON EL SECTOR PÚBLICO

¿Qué mejor forma de empezar un blog que tiene parte de su temática sobre contratación administrativa que hablando sobre las mejores razones para contratar con la propia Administración? Vaya por delante que no pretendemos hacer «apología» de la contratación de pública, pues bien es cierto que, como decía el inolvidable Pau Dones, «Que el blanco sea blanco, Que el negro sea negro, Que uno y uno sean dos, Como exactos son los números, Depende».

Entrando en faena y para centrar la cuestión ¿pero esto del sector público cuánto supone? Pues veamos, las estimaciones para España indican que las compras del sector público son en torno a un 15% del PIB y si miramos hacia Europa este porcentaje sube hasta el 19%. Como rápidamente advertimos el mercado es amplísimo y existen una infinidad de oportunidades para entrar en todos aquellos contratos relacionados con nuestra actividad profesional. Otra pregunta que nos podríamos hacer es ¿hay hueco para un autónom@ o una PYME en este mundo de los contratos públicos o esto es sólo para grandes empresas? De todo ese «queso» la porción que toman los pequeños empresarios se calcula que es entre el 31% y el 38%. Así que si otros lo hacen ¿yo por qué no?. Quizá haya razones para no acudir a estas oportunidades de negocio, que las hay, no las niego y otro día hablaremos de ellas, pero hoy vamos a valorar los «pros»,  los motivos por los que se debería concurrir a estos procedimientos de compras públicas.

1.-Si acudimos al volumen de compras que efectúa el sector público vemos que estamos frente al mayor comprador que existe a nivel nacional. No hay ningún otro que se le puede acercar.

2.- El sector público es, en realidad, un conjunto de Administraciones Públicas, de Organismos Autónomos, de Entidades Públicas, de entes instrumentales, etc, etc. Por lo que sus necesidades son diversas y de toda clase: contratos de servicios, de obras, de suministros, mixtos…. y eso nos sitúa ante oportunidades diarias para incrementar nuestras ventas  y para abrir nuevas líneas de negocio.

3.- Es un cliente solvente: no existe prácticamente riesgo de impago, en caso de que la prestación esté correctamente realizada, ya que los pagos están previamente comprometidos y por tanto la morosidad se minimiza. Y en el caso de qué está se produjera, esto es, que la Administración se haga la «remolona» a la hora de sacar la cartera, por la razón que fuera, además, esto supone un interés de morosidad a nuestro favor muy superior al interés legal ordinario.

4.- El sector público es un cliente estable ya que sus presupuestos de compras y sus estimaciones, en muchas ocasiones y para una mismo servicio o producto se repiten de manera periódica, tanto a nivel global como particular. Por lo que si se es capaz de ganar las licitaciones, además, se consigue una estabilización de las ventas totales de nuestro negocio.

5.- El hecho de haber sido contratista de una Administración Pública nos dota de prestigio profesional frente a otros competidores, puesto que, por lo general, el sector público sólo selecciona aquellas ofertas que han superado a su competencia, ofreciendo la mejor oferta calidad-precio, en procedimientos de pública concurrencia.

En definitiva ser capaces de poder vender a cualesquiera de los entes que conforman el sector público es un objetivo que debiera plantearse y estar al alcance de toda pequeña empresa o autónomo. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos, de cómo llegar a esos escenarios y otros muchas cuestiones iremos hablando a lo largo de este blog. Por el momento, lo más importante es partir de la idea de que el sector público es un cliente potencial muy interesante y que nos puede ayudar en el desarrollo de nuestro negocio.


Tengan cuidado ahí fuera 😉