SOLUCIONES PYMES CONTRATO PÚBLICO

5 PROBLEMAS (Y POSIBLES SOLUCIONES) DE LAS PYMES PARA VENDER AL SECTOR PÚBLICO.

Por todos es conocido que la situación es tremendamente compleja. Desde cualquier punto de vista la realidad es abrumadora: social, económica, sanitaria, política, etc. Pero esto no nos puede hacer caer en la desesperación y, como no puede ser de otra manera, hay que seguir hacia delante y buscar soluciones a los problemas de nuestros negocios. Quizá, entre las muchas ideas, alternativas o soluciones, podamos echar la vista sobre el Sector Público, ese gran y potencial comprador, como ya hemos mencionado en otro post , como una de las posibles fuentes de ingresos para nuestra empresa. 

En principio, tanto si nuestro negocio es una PYME o somos autónom@s, podríamos llegar a pensar que nuestra actividad tiene un difícil encaje para las grandes (y no tan grandes) compras que hace el Sector Público. Es cierto, argumentos suficientes para llegar a esa conclusión hay unos cuantos. Hoy trataremos algunos de ellos pero, a su vez,  intentaremos ir un poco más allá dando algunas posibles claves para superar esas iniciales barreras.

1.- El Sector Público es enorme y complejo y nada que ver con mi pequeño negocio. Cierto, tanto las Administraciones Públicas (Estado, Local y Autonómica) los poderes adjudicadores (o no adjudicadores) y resto de sector público que esté afectado a la Ley de contratos del sector público son, con diferencia, de mayor tamaño organizativo y económico que nuestra PYME o nuestro proyecto empresarial. Además su funcionamiento y estructura puede resultar enrevesado, abigarrado o difícil de entender si lo comparamos con la pequeña estructura de nuestra empresa (muchas veces forma por un autónom@ y, con suerte, alguna persona contratada). 

Posible solución: Esto no debemos verlo como una desventaja. Al contrario, una PYME cuenta con un valor añadido muy importante para el sector público: su flexibilidad y capacidad de dar respuesta ante los problemas diarios a los que se enfrenta una gran/mediana/pequeña Administración Pública (en el concepto más amplio posible) para prestarle determinados servicios, hacerse con suministros o ejecutar obras y  reparaciones. Siendo, además, esa agilidad un factor muchas veces decisivo para decantar la adjudicación del contrato a favor de una PYME. Piénsese, sin ir mucho más lejos, en los contratos de emergencia, regulados en el artículo 120 de la LCSP, que han estado tan en boga en el sector público, por desgracia, en estos últimos meses.

2.- Las normas de contratación pública son intrincadas, inmensas y difíciles de comprender para quienes no están en contacto diario con ellas . Cierto, de esto ya tratamos con mayor amplitud en el post anterior

Posible Solución: Sin olvidar todo lo que ya he dijimos en ese post, no se ha pasar por alto que a nada que se conozcan los conceptos básicos, las ideas fundamentales o, si se quiere, el «manual de usuario de inicio rápido» cada vez nos resultará más fácil saber qué es lo que tenemos que hacer en cada caso y cómo hacerlo en cada momento. Por supuesto, puede suceder que para aspectos concretos, dudas puntuales o problemas de mayor calado se necesite el asesoramiento de profesionales cualificados. Pero eso mismo  nos ocurre cuando consultamos a nuestro gestor o a un asesor fiscal en temas tributarios, verdad?

3.- La Administración tarda mucho en pagar. Esto es una verdad a medias y quizá precedido de una mala (y ganada) fama anterior. Sin embargo los cambios legislativos producidos en los últimos años y los esfuerzos que han hecho las Administraciones para «ponerse al día» con los acreedores han sido notables, y en este aspecto, con mucha diferencia, la Administración Local.

Posible Solución: Las normas de contratación establecen el período máximo de pago en 30 días desde la recepción de los bienes o servicios y la emisión de la factura correspondiente. Superado ese plazo empiezan a devengarse intereses moratorios muy por encima del interés legal del dinero, son los denominadosintereses de demora en operaciones comerciales” y que a día de hoy se sitúan alrededor del 8%. De tal modo que esa inicial (y eventual) falta de liquidez, posteriormente se ve compensado con unas cantidades compensatorias muy notables.

4.- Los requisitos mínimos que pide la Administración para licitar son muy elevados. Cierto, si bien con matices y en función del contrato. El sector público tiene cierta margen, por así decirlo, para establecer las condiciones previas para ejecutar la prestación que se contrata, siempre dichos requisitos estén vinculados al objeto del contrato sean proporcionales. Es decir, nosotros como operador económico, hemos de disponer de una serie de condiciones que garanticen que somos capaz de ejecutar el contrato.  Estamos hablando aquí de lo que en la legislación llama «solvencias» (la solvencia económica-financiera, y la profesional-técnica.)

Posible solución: La determinación de esos requisitos mínimos  que hacen los poderes adjudicadores no han de impedir que puedan acceder al contrato determinadas empresas de menor dimensión y capacidad que podrían ejecutarlo pero que no llegan a los niveles que ha marcado el órgano de contratación. En este sentido el Artículo 75 de la LCSP permite la integración de la solvencia por medios externos. Es decir, que nos podemos servir de la colaboración, ayuda o alianza de otras empresas o autónom@s  para poder concurrir al contrato, siempre que demostremos que durante toda la duración de la prestación dispondremos de esos medios, y la entidad a la que se recurramos no esté incursa en una prohibición de contratar, claro está.

5.- Es difícil conocer y acceder al contenido de las licitaciones. Esta como la referida al plazo de pago de las Administraciones, es una verdad a medias y basada en procedimientos, como el negociado sin publicidad, que ya son utilizados de una manera mucho más residual que hasta hace cuatro años. Por otro lado sí que es cierto que, como ya hemos dicho, quizá sea dificultoso conocer, al menos al principio, todos los conceptos, materias, categorías que se recogen en un pliego.

Posible solución: A día de hoy la publicidad y el contenido de las licitaciones se impulsa, fundamentalmente desde, la Plataforma de Contratación del Sector Público, que es el lugar donde se alojan los gran parte de los perfiles de las entidades del sector público, ya sea estatal, autonómico o local.  De tal manera que a pocos «golpes de clic» podremos empezar a seleccionar aquellas ofertas de negocio que mejor encajen con nuestra empresa. Sin olvidar, además, que la tramitación del procedimiento de licitación también debe ser, esencialmente, electrónico y que muchas de esos procesos electrónicos se realizan, precisamente, desde y a través de esta plataforma de contratación. Pero esto esto ya harina de otro costal o si se quiere de otro post.

Tengan cuidado ahí fuera 😉

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