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BLOG DE EDILOCAL

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31
Jul

¿QUÉ HACER ANTE LA MOROSIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN?

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Pareciera ser que nuestra Administración Pública gustara de incumplir la ley. Pareciera ser que fuera de su agrado el engullir ingentes cantidades de facturas para después deglutirlas en un cajón, a la espera de que por mor de la falta de luz y el tiempo transcurrido, estas desaparecieran y se esfumaran. Pareciera ser, por que no decirlo, que esta Administración tuviera un alma sádica y disfrutara viendo como a sus sufridas pequeñas empresas y autónomos les recorre una gota de sudor frío por la espalda cuando llega el cierre del trimestre y aún no han les ha pagado los últimos trabajos que le prestaron.

Pareciera ser, ¿verdad?

Ante esto, como ante otros muchos recodos vitales, se pueden tomar dos alternativas, la primera pasará por el “esperar y callar”: Esperar con resignación cristina a que nuestra factura resucite del “cajón de impagadas” y callar por el miedo a que nos pongan una cruz y pasemos al limbo de aquellos que no volvieron a trabajar para esta Entidad… La segunda, pasa por ser conocedor de los derechos que nos asisten y de hacerle saber a la Administración que los plazos legales son iguales para todos.

Así, y una vez superados los 30 días siguientes de plazo establecido en el art. 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a contar desde la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato respecto a los servicios prestados, la administración entrará en mora y por tanto el apesadumbrado contratista podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, además y tras esa reclamación  transcurre un nuevo plazo de un mes, sin que la Administración conteste, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los contratistas podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

 

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