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16
Jul

LA AUSENCIA DE CONVENIO COLECTIVO PROPIO EN LOS AYUNTAMIENTOS.

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             El artículo 177.2 del TRRL del 86 establece que el régimen de las relaciones del personal laboral será en su integridad por el establecido en las normas del Derecho Laboral, en similares términos se pronuncia el artículo 7 del EBEP, cuando fija que la normativa aplicable para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, será la resultante de la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables, así como  los preceptos del EBEP que los sujeten expresamente. Por lo tanto, y sucintamente, el marco normativo para este tipo de personal, no poco numeroso dentro de la administración local, será el que viene establecido tanto por el propio contrato de trabajo del empleado, por el Estatuto de los Trabajadores, el EBEP (en aquellos preceptos que así se disponga expresamente) por la Relación de Puestos de Trabajo (si esta existiera) y el Convenio Colectivo del Ayuntamiento o Ente Local.

             Pero hoy nos vamos a detener en este último aspecto, ya que si bien la negociación colectiva ha crecido en las medianas y grandes corporaciones, no es menos cierto que una gran mayoría de los pequeños municipios españoles, y otros entes locales de reducido tamaño, carecen de un convenio colectivo propio negociado entre el Ayuntamiento y los representantes de los empleados municipales con contrato laboral. La inexistencia de convenio colectivo propio municipal produce una enorme inseguridad jurídica tanto para la Corporación como para los trabajadores, ya que son numerosos  los aspectos de las relaciones laborales que no están reguladas ni en el Estatuto de los Trabajadores ni en EBEP ni en la legislación administrativa local, y que en su caso, se remiten al convenio colectivo, entre otras: régimen y estructura salarial, jornada, horario, carrera, promoción profesional, régimen de sanciones, etc.

             Dentro del anterior marco normativo, no se encuentra la solución a esta falta de convenio colectivo, pues ni el EBEP, ni TRRL del 86, ni la LBRL contemplan distintas situaciones que la referencia hacia los convenios y no suplen su ausencia con otras normas convencionales o legales a aplicar. Entonces ¿qué hacer ante la ausencia de convenio colectivo propio? La respuesta ha de venir de la mano de la interpretación jurisprudencial a esta laguna jurídica. En un principio parecía claro que la ausencia de convenio no implicaba el sometimiento del Ayuntamiento a ningún otro, y así el Tribunal Supremo rechazaba que un Ayuntamiento pudiera formar parte de una organización empresarial (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1999), y no fue hasta mediados de la pasada década, tras las Sentencias de 7 de octubre de 2004  y de 1 de junio de 2005, cuando el Supremo da un giro de 180 grados a su anterior doctrina y asume que cada Ayuntamiento puede ser una organización empresarial (o empresa) y de este modo puede negociar su propio convenio colectivo, y resultar que ante la ausencia de de convenio colectivo propio resultará de aplicación aquel convenio colectivo sectorial del sector privado, ya sea este provincial, autonómico o estatal. De este manera la línea jurisprudencial marcada por el Alto Tribuanl, va incluso más allá y concluye que no existirá un solo convenio aplicable, si no que “de facto” existirán tantos convenios colectivos aplicables dentro del ente local como actividades desarrollen sus trabajadores, es decir, deberá aplicarse el convenio sectorial relativo a cada una de la actividad o actividades, que siempre serán diversas, que puedan desarrollar los trabajadores del Ayuntamiento.

             No puede negarse que la solución jurídica dada por la jurisprudencia del Supremo resuelva el vacío legal existente de un manera inmediata y para casos concretos de conflictividad laboral, pero ello no obsta para que el seguimiento de su doctrina conlleve al gestor local no pocos problemas y “agravios comparativos” subjetivos entre sus empleados municipales sometidos al régimen laboral.

 

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