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09
Jul

ART. 542 CP. IMPEDIMENTO EN EL EJERICIO DE UN DERECHO. DELITO DE RESULTADO.

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Establece el Artículo 542 del Código Penal:

 Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

No ha de perderse de vista, que en el Estado de Derecho descansa la obligación de garantizar el disfrute de dichos derechos cívicos y no meramente ha de quedar su actuación reducida a un mero reconocimiento formal de estos, y por ello en defensa de la posición del más débil, frente  a conductas obstaculizadoras o impeditivas, debe usar el instrumento de coerción más poderoso de que dispone el Ordenamiento Jurídico: la sanción pena. De tal manera que de no fijarse sanciones y penas a aquellos funcionarios y autoridades que, con conocimiento de causa y en abuso de su posición, impidiesen el libre ejercicio de los derechos a los ciudadanos, el reconocimiento de aquellos derechos cívicos y fundamentales resultaría poco más que “papel mojado”. De ahí la relevancia del artículo 542 del Código Penal, cuya norma de interpretación pasa  fundamentalmente la Constitución, por ser esta  la norma en al que se proclaman los derechos fundamentales de la persona.

 Los elementos del tipo son:

 a) Subjetivo.- El sujeto activo del delito ha de ser necesariamente una autoridad o funcionario público en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Conforme a los amplios términos que al respecto ofrece el artículo 119 del Código Penal, no basta con la condición « in genere » de funcionario público, sino que el mismo ha de participar en el ejercicio de las funciones relacionadas con los derechos de que se trata.

 b) Objetivo.- La conducta típica ha de consistir en una acción u omisión de impedimento total del ejercicio de un derecho. Por tanto, no es suficiente con una mera acción dilatoria (principio de mínima intervención del derecho penal),  sino que, aún existiendo un propósito deliberado de cercenar el ejercicio del derecho, vendrán a resultarán atípicas aquellas conductas que paralicen momentáneamente o retarden el ejercicio de dicho derecho cívico o fundamental, y resultarán típicas aquellas otras conductas que impidan de manera definitiva el disfrute de aquel derecho. Es decir, y dado el carácter absoluto e incondicionado del artículo, se trata de un tipo que se perfecciona con el resultado y bloqueo definitivo para ciudadano que, por “gracia” del actuar administrativo, se queda desamparado ante un derecho previamente reconocido.

 

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