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BLOG DE EDILOCAL

Bienvenidos al Blog de Edilocal Abogados. Desde aquí compartiremos con vosotros nuestra visión del mundo administrativo local. Aportaremos noticias, opiniones, enlaces, y comentarios de interés en esta rama del derecho tan desconocida y tan apasionante.

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05
Dic

¿CUÁL ES EL PLAZO DE EJECUCIÓN FORZOSA PARA SENTENCIAS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVAS?

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Dejando a un lado el plazo de ejecución voluntaria, sobre el que no existe (en principio) gran polémica, en tanto en cuanto, el artículo 104.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, lo fija en transcurridos dos meses a partir de la comunicación de la sentencia al órgano administrativo encargado de su ejecución. Nos centraremos en el plazo de ejecución forzosa.

 

Previamente indicar que esta ejecución ha de ser instada por las partes o (incluso) por las personas que pudieran quedar afectadas por la misma. Es decir, la ejecución forzosa de la sentencias contencioso-administrativas no se inicia de oficio.

 

El dies a quo (o día de inicio del plazo) comienza a correr a los dos meses desde el día siguiente que hemos señalado cómo aquel en que fue comunicada a la administración pública la diligencia de ordenación por la que quedó establecida la firmeza de aquella. Una vez iniciado este plazo, la pregunta que deberíamos hacernos es ¿cuánto tiempo hay para ejecución de estas sentencias? y la siguiente sería (esta ya debería hacérsela abogado que nos lleva el asunto) ¿es un plazo de prescripción o de caducidad?

 

Pues ambas preguntas ya fueron contestadas por la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de septiembre de 2005, en donde se indicaba que: «la acción de ejecución está sujeta al plazo general de prescripción de quince años establecido en el artículo 1964 del Código Civil para las acciones personales que no tengan señalado término especial de prescripción».

 

Por lo tanto, y contestando a la segunda, nos encontramos ante un plazo de prescripción y no de caducidad.

 

Ahora bien, para responder a la primera pregunta, hay que considerar que tras la reforma operada por Ley 42 / 2015, de 5 de octubre, de Reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y por la cual se viene a modificar el artículo 1964 CC, el plazo de prescripción de la acciones personales se ha reducido significativamente desde los 15 a los 5 años y, en consecuencia, el vigente plazo de ejecución de sentencias del orden contencioso-administrativo pasa a ser de 5 años.

 

Por último, e incluso llegando más allá, esto es, para los sentencias cuya ejecución es anterior a la entrada en vigor de la Ley 42 / 2015, de 5 de octubre. Para estos casos hemos de acudir a la disposición transitoria quinta de esta ley, que nos remite al artículo 1939 del CC. De tal modo que se ha de llegar a la misma conclusión: el plazo de prescripción de acciones personales es siempre de 5 años. Así se establece en el citado artículo del CC:“La prescripción comenzada antes de la publicación de este Código se regirá por las leyes anteriores al mismo; pero si desde que fuere puesto en observancia transcurriese todo el tiempo en él exigido para la prescripción, surtirá ésta su efecto, aunque por dichas leyes anteriores se requiriese mayor lapso de tiempo”

 

En definitiva, que no nos pase como al camarón que se duerme en medio de la corriente, pues, una inacción prolongada por más de cinco años hará que nuestro derecho a instar la ejecución de una sentencia decaiga.

 

 

 

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27
Nov

¿ES POSIBLE LA IMPOSICIÓN DE UN CONCRETO CONVENIO COLECTIVO EN UN CONTRATO ADMINISTRATIVO?

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Polémico, cuando menos, es este asunto por las consecuencias y extensión de los efectos  jurídicos que tienen en el día a día tanto paras las empresas licitadoras y adjudicatarias de contratas públicas cómo para  sus trabajadores.

 

Comenzamos por el artículo 115.2 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (aún en vigente hasta la entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público) en el que se establece que:

 

“En los pliegos de cláusulas administrativas particulares se incluirán los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y las demás menciones requeridas por esta Ley y sus normas de desarrollo. En el caso de contratos mixtos, se detallará el régimen jurídico aplicable a sus efectos, cumplimiento y extinción, atendiendo a las normas aplicables a las diferentes prestaciones fusionadas en ellos”

 

Pues bien, se puede comprobar cómo en este texto legal nada se exige para que en los pliegos de condiciones administrativas expresamente se fije un determinado Convenio Colectivo. Ello se debe a que por su naturaleza contenido y efectos, una cláusula de fijación de un convenio colectivo aplicable a un contrato administrativo excedería del ámbito propio de los pliegos. Es decir, son dos planos jurídicos distintos. De tal manera que estaríamos en una plano de carácter público, que se circunscribe al contrato administrativo suscrito entre la Administración contratante y empresario adjudicatario, y por otro lado está el plano privado, que engloba  las relaciones laborales entre éste adjudicatario y sus trabajadores.

 

Efectivamente, en este año el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUALES en su resoluciones nº 11 / 2017 de 13 de enero y en la nº 329/2017 de 06 de abril se ha pronunciado al respecto, estableciendo que se trata de una cuestión ajena a la contratación administrativa:

 

“[...] El TRLCSP no establece que la designación del convenio colectivo aplicable deba formar parte del contenido de los pliegos reguladores del contrato. Además, una designación acertada o equivocada en modo alguno alteraría el convenio colectivo de aplicación, que es una cuestión ajena a la contratación administrativa [...]”

 

En consecuencia los pliegos administrativos no debieran determinar un concreto convenio colectivo aplicable, ni tampoco, y por extensión, establecer ni fijar parámetros que afecten a las condiciones de trabajo del personal que va a participar en la ejecución del contrato, o sobre cuestiones cuya regulación está reservada a la normativa laboral, tales como remuneración, horario, jornada, etc. Pues, son relaciones de carácter únicamente privado-laboral sobre las que correspondería pronunciarse, en su caso, a la jurisdicción del orden social.

 

 

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09
Nov

UNA NUEVA LEY HA NACIDO: LEY 9 / 2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

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Hoy es un día importante para el derecho administrativo. Hoy toca poner a trabajar a la impresora, comprobar que hay toner suficiente en los cartuchos, mirar si hay papel en la bandeja de entrada, encontrar el rotulador fluorescente que dejamos dentro del cajón y sacar punta al lápiz para empezar a hacer anotaciones.

 

Hoy nos ponemos nuestra mejores galas jurídicas para dar la bienvenida al mundo legal a quien los padres legisladores han bautizado como: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 El nombre que le han puesto es quizá demasiado largo, y muchos olvidaremos el “...y de todos los santos” y la llamaremos coloquialmente por su nombre de pila: Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.

Los orgullosos progenitores dicen que no hace falta ir corriendo al hospital para conocerla , que ya han colgado las fotos de la criatura en el «BOE» núm. 272, de 9 de noviembre de 2017, entre sus páginas 107.714 a 108.007. Ciertamente se le ve fuerte y con un percentil alto para su edad, pues se compone de 347 artículos, 16 disposiciones finales, 53 disposiciones adicionales, 5 Transitorias y 16 disposiciones finales. En total un parto de 294 páginas. Enhorabuena para los padres!

Por fortuna para todos nosotros no se espera que dé sus primeros pasos hasta dentro de cuatro meses. Tiempo tenemos, pues, para ir viendo su carácter.



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07
Nov

¿CUÁL ES LA INDEMNIZACIÓN PARA LOS INTERINOS? EL SUPREMO NO LO TIENE CLARO

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La Sala de lo Social del Tribunal Supremo el pasado 25 de octubre de 2017, ha decidido  formular una aclaración al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) respecto a su sentencia de 14 septiembre de 2016 sobre las consecuencias indemnizatorias  la finalización de los contratos de interinidad, pues considera que "la conclusión extraída de la STJUE de 14 septiembre 2016 ha generado múltiples y dispares interpretaciones de los jueces de lo social españoles en los numerosos litigios en los que están en juego la cuestión de la extinción de los contratos temporales".

 

El TJUE en septiembre de 2016 (asunto 596/14) estableció que por el mero hecho de que un trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la indemnización por fin de contrato. La importancia esencial de esta sentencia radicó cuando señaló la ilegalidad de la diferencia de trato con respecto a los interinos, pues nos recuerda el TJUE que el principio de no discriminación exige que no se traten de manera diferente situaciones comparables y que no se traten de manera idéntica situaciones diferentes.  Con ello se venía a resolver una cuestión formulada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a raíz del tratamiento que en la legislación española se daba a la extinción del contrato de los trabajadores temporales. Así el Tribunal europeo dictaminó que no se podía discriminar a los trabajadores interinos respecto a los laborales en las indemnizaciones por fin de contrato y por tanto, si se vienen a realizar las mismas tareas debería corresponder una indemnización de 20 días por año trabajado.

 

Ahora bien, el problema interpretativo de este fallo estriba en que la vigente legislación no establece ninguna indemnización para los interinos que ponen fin a su relación laboral, pero sin embargo está sí que existe para los trabajadores temporales (12 días por año). No obstante, a tenor de las indemnizaciones por causas del despido, si el trabajador interino es despedido por causas objetivas procedentes tiene derecho a una indemnización de 20 días por año y si la resolución contractual fuera improce, de 33 días por año de servicio.

 

Y es que incluso el propio TJUE, en boca de su presidente Koen Lenaerts, llegó a reconocer que en la sentencia sobre las indemnizaciones por despido a los interinos "no hubo entendimiento sobre el problema entre el juzgado que realizó la consulta y los miembros de la Corte de Justicia Europea, y no comprendieron completamente el problema".















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27
Oct

¿QUÉ LICENCIAS SON NECESARIAS PARA ABRIR UNA PEÑA RECREATIVA?

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Una vez que han pasado las fiestas del Pilar, nos detenemos en un caso que vemos con frecuencia en el despacho y suele tener efectos jurídicos no deseados para muchos jóvenes que alquilan locales, tanto Zaragoza como en resto de Aragón que para juntarse con los amigos, escuchar música y pasar un buen rato abren una peña. Los fines de esta actividad son loables, pero, por desgracia, suelen reunirse con la persiana cerrada e incumplen normativa municipal y autonómica. Todo ello, sin entrar a considerar que en muchas ocasiones puede haber menores en el local menores bebiendo alcohol, produciendo ruidos, con las consiguientes quejas de los vecinos por ruidos, y  las más que probables sanciones que se impongan por el Ayuntamiento por incumplimiento de diferentes ordenanzas municipales.

 

En esencia, según la normativa aplicable en Aragón “Las Peñas recreativas” están sujetas a los condicionantes de la Ley 11/05 de Espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón,  por lo que su régimen de apertura y actividad es idéntico al resto de los establecimientos de la comunidad. Esto tiene una consecuencia legal inmediata que pasa por la obtención de una licencia urbanística municipal de actividadpara poder estar correctamente legalizada y que tendrá como objetivo el aseguramiento de que los locales e instalaciones reúnen las debidas condiciones de tranquilidad, seguridad y salubridad.

 

Si el local de la peña recreativa tiene una superficie inferior a 250 m², una potencia mecánica instalada inferior a 25 kW y sin equipo musical se precisará de una licencia de actividad no clasificada y bastaría con una comunicación previa al Ayuntamiento. Este documento es aquel por el cual los interesados ponen en conocimiento de la Administración municipal urbanística competente sus datos identificativos y demás requisitos exigibles para el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad según la normativa exigible en cada municipio. La declaración previa permite el inicio de una actividad, desde el día de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las Administraciones Públicas.

 

Si, por el contrario, no reuniera alguno de estos requisitos, sería precisa una licencia de actividad clasificada, con trámite de información pública y vecinal previo a su concesión. Su tramitación y resolución se efectúa de forma conjunta con la urbanística de obras, y, posteriormente la licencia de funcionamiento.

 

D. Adolfo Cortés Enériz.

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20
Oct

¿CUÁNDO TENGO OBLIGACIÓN DE DARME DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL?

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¿CUÁNDO TENGO OBLIGACIÓN DE DARME DE ALTA EN LA SEGURIDAD SOCIAL?

En primer lugar, para abordar los problemas que surgen a las personas que quieren emprender un negocio como personas físicas o bien simultanear su contrato de trabajo por cuenta ajena con otro tipo de actividad hay que conocer si se tienen obligación de darse de alta como autónomos en el Régimen Especial de Trabajadores autónomos de la Seguridad Social (conocido por sus siglas RETA.)

En principal problema surge de la interpretación que se hace la palabra HABITUAL, y esto ocurre porque la Seguridad Social en su definición de Régimen Especial de Trabajador por cuenta propia o autónomo utiliza la palabra "habitual".

Esta cuestión, esto es, de qué se entiende por habitualidad llegó al Tribunal Supremo que en Sentencia en fecha 29 de octubre de 1997 (esta fue la primera, ha habido otras posteriores) estableció que si los ingresos obtenidos eran inferiores al Salario Mínimo Interprofesional, entonces no hacía falta darse de alta como autónomo. Pero fue para un caso en concreto. Ahora bien, lo que sí hizo el Tribunal Supremo con esta Sentencia es crear una  línea jurisprudencial, y esto lo que significa es que esta situación vale para situaciones posteriores que se asimilan a esta misma. Pero no hay una normativa concreta. No hay una ley que diga exactamente y concretamente en qué supuestos se entiende por "habitualidad".

Desde esta sentencia se entiende que si tus ingresos anuales son inferiores al SMI que para el año 2016 están en 655,20€ al mes, que son 9.172,80€ anuales (14 pagas), en 2017 son 707,20€ al mes, que son 9.960,80€ (14 pagas) no tienes obligacion de darte de alta como autónomo porque se considera que no hay habitualidad.

En este enlace de la página de Seguridad Social se puede observar los requisitos que deben cumplir los Trabajadores por cuenta propia autónomos:

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/RegimenesQuieneslos10548/RegimenEspecialdeTr32825/index.htm

 

En resumen, estas son las tres ideas básicas que hay que manejar sobre esta cuestión:

 

1.- ¿Qué es trabajador por cuenta propia o autónomo?:El Régimen Especial de Trabajadores Autónomos se encuentra actualmente regulado en el Decreto 2530/1970, de 20 de agosto, que es su artículo 2 establece el concepto de trabajador por cuenta propia o autónomo, de tal modo que se entenderá como trabajador por cuenta propia o autónomo, aquel que realiza de forma habitual, personal y directa una actividad económica a título lucrativo, sin sujeción por ella a contrato de trabajo y aunque utilice el servicio remunerado de otras personas, sea o no titular de empresa individual o familiar. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que en el interesado concurre la condición de trabajador por cuenta propia o autónomo si el mismo ostenta la titularidad de un establecimiento abierto al público como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.

2.- ¿Cuándo una actividad se entiende como marginal.? El criterio seguido por la Seguridad Social es que para declarar una actividad como MARGINAL y por tanto excluida del campo de aplicación del régimen de autónomos: Cuando el tiempo de dedicación (habitualidad) y la remuneración obtenida es pequeña, cuando no exista un local comercial y, además de otras peculiaridades, la actividad no es perdurable en el tiempo, podría dar lugar a considerar ésta como marginal, y por tanto excluida del campo de aplicación del Régimen Especial de trabajadores autónomos (RETA).

3.- ¿Qué requisitos son necesarios para emitir una factura.? Para facturar tan sólo se necesita estar dado de alta en la Agencia Tributaria (Hacienda), modelo de alta de la actividad modelo 036 o 037, y alta en IVA e IRPF. Puedes darte de alta como persona física o como persona jurídica.



D. Adolfo Cortés Eneriz.







 

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17
Oct

6 NOVEDADES DE LA NUEVA LEY DE CONTRATOS PÚBLICOS

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A falta de unas pocas horas para la aprobación por el Congreso de la nueva de Ley de contratos del sector público, prevista para este próximo jueves 19 de octubre, ya se pueden conocer  las novedades reseñables del texto, en comparación con la vigente legislación.

 

Con este nuevo cuerpo legal el Estado viene a hacer, con mucho retraso, los deberes que tenía pendiente con Europa para la transposición de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de Febrero de 2014. (el plazo para su transposición finalizó el pasado 18 de abril de 2016)

 

No están todas las que son pero son todas las que están, así y entre otras la exposición de motivos de la futura ley marca las siguientes:

 

1.- Desaparece la figura del contrato de gestión de servicio público y, con ello, la regulación de los diferentes modos de gestión indirecta de los servicios públicos que se hace en el artículo 277 del vigente Texto Refundido.

 

2.- Se amplía el ámbito de aplicación del recurso especial de contratación, de tal manera que se puede interponer en el caso de contratos de obras,concesiones de obras y de servicios cuyo valor estimado supere los tres millones y contratos de servicios y de suministros cuyo valor supere los cien mil euros.

 

3.-  Se suprime la posibilidad del uso del procedimiento negociado con y sin publicidad por razón de la cuantía y se suprime  la aplicación de este procedimiento respecto a las obras y servicios complementarios.

 

4.- En contraposición con lo anterior, se crea un nuevo procedimiento de adjudicación, el denominado Procedimiento Abierto Simplificado

 

5.- Se suprimen para los contratos no sujetos a regulación armonizada las instrucciones en el caso de los poderes adjudicadores no Administraciones Públicas, debiendo adjudicar estos contratos por los mismos procedimientos establecidos para dichas Administraciones Pública.

 

6.-  Nueva regulación de la figura del perfil de contratante, más exhaustiva que la anterior, que le otorga un papel principal como instrumento de publicidad de los distintos actos y fases de la tramitación de los contratos de cada entidad.



En próximos posts iremos, o al menos lo intentaremos, desgranando éstas y otras novedades, así como sus implicaciones prácticas, puesto que como cantó Serrat a Machado “caminante no hay camino se hace camino al andar”.







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13
Oct

¿QUÉ ES: “SIN PERJUICIO DE TERCERO Y SALVO DERECHO DE PROPIEDAD”?

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Toda intervención municipal previa a la concesión de una licencia o autorización administrativa de un acto urbanístico se ha de circunscribir a la adecuación de dicha solicitud a la normativa aplicable en materia urbanística. Parece un trabalenguas. No lo es y sus consecuencias son relevantes ante licencias de obra que afecta a nuestros propios derechos privados con otros vecinos.

 

En efecto, la licencia urbanística se configura como un acto de autorización de la administración municipal, en este caso, por cuya virtud se lleva a cabo un control previo de la actuación proyectada por el administrado, verificando si se el proyecto se ajusta a las exigencias plasmadas por el ordenamiento urbanístico vigente en el municipio.

 

¿Qué implica esto? Pues que será la normativa urbanística (y no otra) sobre la que una administración municipal habrá de pronunciarse para decidir si procede el otorgamiento de una licencia y por lo tanto, no corresponde al Ayuntamiento controlar, a través de la licencia de obras, aquellas cuestiones de orden civil, como las titularidades o las servidumbres, del inmueble sobre el que se realizan las obras objeto de la licencia, con la excepción de que en el supuesto se encuentren afectados bienes de dominio público.

 

Por su meridiana claridad traemos a este post la Sentencia de 26 de Octubre de 2005 del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, cuando expresa:

 

[...] Conviene precisar que la licencia, en cuanto acto administrativo, se encuentra condicionado en su otorgamiento por las prescripciones de la legislación urbanística y de los Planes, Normas y Ordenanzas, sin que con ocasión de su otorgamiento quepa valorar y considerar derechos de naturaleza civil, con la excepción, cuando una defensa administrativa sea posible, de los pertenecientes al órgano competente para su concesión. Los órganos municipales deben abstenerse de entrar a valorar con motivo de las solicitudes de licencia cuestiones de propiedad, por estar éstas reservadas a la Jurisdicción ordinaria. El Ayuntamiento tiene que examinar y ponderar, en cierta medida, la titularidad de la propiedad del solicitante siempre y cuando no exceda los límites de la apariencia jurídica, no entrando en un examen a fondocon objeto de no cometer una injerencia en cuestiones de propiedad cuyo juicio corresponde a los Jueces y Tribunales.[...]”

 

Y todo esto tiene una traducción legal, que en forma de coletilla que se incluyen en todas las licencias de obra municipales como cláusula: "salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero».









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11
Oct

SANCIONES DE HASTA 10.400 EUROS POR CONSUMO O TENENCIA DE DROGAS

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Aunque la mera posesión de drogas por sí sola no es constitutiva de delito, siempre que las sustancias poseídas no estén destinadas al tráfico ilegal, la "nueva" Ley de Seguridad Ciudadana (conocida popularmente como "ley mordaza") que entró en vigor el 1 de julio de 2015, aumentó considerablemente las sanciones por el consumo y/o tenencia de drogas, prohibiendo y sancionando administrativamente un amplio abanico de supuestos que van desde la simple tenencia de las sustancias (drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas), independientemente del uso que se les vaya a dar a las mismas, hasta la plantación y cultivo ilícitos en lugares que sean visibles al público, incluso sancionando a los establecimientos y a sus propietarios que toleren su consumo o tráfico por no impedirlo.

 

Todos estos supuestos los regula el artículo 36 de la Ley y los tipifica como INFRACCIÓN GRAVE aumentando, considerablemente las sanciones mínimas de 300 euros que establecía la anterior Ley Orgánica de 1992.



Si es la primera vez y no existe ninguna circunstancia agravante, se impondrá la multa en grado mínimo, pero este "grado mínimo" de la sanción por infracción grave conlleva una multa económica de 601 hasta 10.400 euros.


La ley dice en su Artículo 36. Infracciones graves.

“Son infracciones graves: 16. El consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos, así como el abandono de los instrumentos u otros efectos empleados para ello en los citados lugares. 18. La ejecución de actos de plantación y cultivo ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en lugares visibles al público, cuando no sean constitutivos de infracción penal. 19. La tolerancia del consumo ilegal o el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas en locales o establecimientos públicos o la falta de diligencia en orden a impedirlos por parte de los propietarios, administradores o encargados de los mismos.”

 

Otra novedad importante es que se elimina para los mayores de 18 años la posibilidad de solicitar la suspensión de la pena impuesta por someterse a tratamiento o rehabilitación, si lo precisan, o a actividades de reeducación, quedando a partir del 1 de julio de 2015 únicamente esta posibilidad para los menores de edad.



D.Adolfo Cortés Enériz.



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05
Oct

5 CLAVES ACTUALES SOBRE LA RECLAMACIÓN DE LAS PLUSVALÍAS

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Llegan nuevas noticias de los Tribunales de Justicia sobre el alcance de la Sentencia del Constitucional de 11 de Mayo de 2017 por la que se declaró la inconstitucionalidad de los arts. 107.1, 107.2 a) y 110.4 Ley Reguladora de las Haciendas Locales en la medida que sometían a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor, el conocido popularmente como “impuesto de la plusvalía municipal”.

 

Ahora es el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su reciente sentencia de 19 de julio de 2017, quien fija que no es ajustado a derecho dejar al arbitrio del aplicador tanto la determinación de los supuestos en los que nacería la obligación tributaria como la elección del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento. Es decir, el Tribunal Superior madrileño considera que el modo de establecer el incremento o decremento del valor queda reservada al legislador y no a la Administración municipal. O dicho en palabras más sencillas: el Ayuntamiento no puede ser parte, jurado y verdugo en la determinación del impuesto de plusvalía.

 

Las consecuencias de esta importante sentencia son significativas, puesto que si bien es cierto no fija jurisprudencia ni establece el único criterio jurídico posible, ya que está función tan sólo corresponde al Tribunal Supremo (quien aún no se ha podido pronunciar al respecto) puede implicar que la gran parte de las plusvalías municipales debieran ser anuladas, en cuanto giradas en aplicación de artículos expulsados del ordenamiento jurídico desde su origen, las liquidaciones no puede ser ahora re-examinadas a la vista pruebas periciales que carecen de parámetro legal, de tal modo que incluso aquellas liquidaciones de plusvalía en las que hubo incremento en el valor de los terrenos podrían, ahora, ser nulas de pleno derecho. Sorprendente, pero cierto.

 

Por ello os pasamos a ofrecer las 5 CLAVES ACTUALES SOBRE LA RECLAMACIÓN DE LAS PLUSVALÍAS:

 

1.- ¿Quién puede reclamar?

Aquellos que hayan liquidado la plusvalía con pérdida de valor del terreno o incluso con aumento del valor de los mismos, siguiendo lo manifestado por el Tribunal Superior de Madrid en julio del 2017; aquel que se encuentre en fase administrativa de liquidación del impuesto ante el Ayuntamiento, y quienes tengan previsto hacerlo, dado que la obligación de presentar el tributo ante la entidad local aún existe.

 

2.- ¿Desde cuándo se puede reclamar?

Cualquier plusvalía satisfecha en los últimos cuatro años (desde el 2013) se podría recurrir, siempre y cuando el periodo para instar la impugnación no haya transcurrido.  

 

3.-  ¿Dónde reclamar?

Ante tu Ayuntamiento.

 

4.- ¿Qué tengo que presentar?

Un escrito alegando las razones por las que se entiende nulo el abono del tributo. A este escrito, en su caso, habríamos de acompañar la documentación acreditando el pago el impuesto. En ocasiones pudiera ser recomendable (no obligatorio) la aportación de pruebas adicionales que ratifiquen lo alegado: tasaciones, escrituras de compraventa, etcétera.

 

5.- ¿Cómo continuar ante una negativa del Ayuntamiento?

Llegado el momento, tanto si el Ayuntamiento lo desestima directamente o lo hace por silencio negativo, queda abierta la vía contencioso-administrativa para continuar con la reclamación y conseguir la nulidad de la liquidación girada y que entendemos como contraria a derecho.







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18
May

EL CONSTITUCIONAL TUMBA LAS PLUSVALÍAS MUNICIPALES

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La reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de Mayo de 2017 estima una cuestión de inconstitucionalidad promovida contra el art. 107 de la Ley de Haciendas Locales, de tal manera que viene a declarar nulo e inconstitucional el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU) —conocido popularmente como el impuesto de plusvalía— en la medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor.

 

No es la primera vez que el Tribunal Constitucional “tumba” las plusvalías cuanto no haya existido un incremento real en el valor del terreno, puesto que en su sentencia de 16 de Febrero de 2017 las había anulado para las provincias de Guipúzcoa y Álava, si bien ahora lo hace a nivel estatal pidiendo al legislador que modifique este impuesto en lo sucesivo.

 

La plusvalía es un tributo que cobran los municipios y que grava el incremento de valor de los inmuebles de naturaleza urbana por el tiempo que medie entre su compra y el de su posterior venta. También hay que abonarlo ante una herencia, una donación, una adjudicación por ejecución hipotecaria, la extinción de un condominio, etcétera.

 

Sin embargo lo que ocurría hasta este momento es que la norma legal no tenía en cuenta el valor real de las transacción, estimando que hubiera ese incremento de valor, si no que tomaba como única referencia el valor catastral del suelo en el momento del devengo y se multiplica por un coeficiente en función de los años transcurridos. Esto tenía un efecto automático y recaudatorio para las arcas de los Ayuntamientos puesto que siempre había que pagar el impuesto, hubiera o no pérdidas, algo absolutamente habitual tras la crisis inmobiliaria de estos últimos años. 

 

 

 

 

 

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27
Nov

Derecho a devolución por las retenciones en prestación de maternidad

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Según ha declarado una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la prestación por maternidad que abona la Seguridad Social está exenta de pago del impuesto sobre la renta, y por tanto procede la devolución de la retenciones por maternidad que se practicaron en su día por la Agencia Tributaria.
 

Si bien ese cierto que esta Sentencia se circunscribe a un caso concreto y no genera jurisprudencia, no es menos cierto que se configura como una opinión muy fundada en derecho y acreditada para solicitar la devolución de la retenciones por maternidadque Hacienda ha practicado desde el año 2012.

 

En esencia, desde el momento en que una trabajadora por cuenta ajena da a luz (o en los casos de adopción y acogimiento establecidos por ley) tiene derecho a disfrutar de 16 semanas de baja laboral, los cuales podrá compartir con el padre. Durante este período, en el que el contrato de trabajo queda suspendido, es a la Seguridad Social a quien le corresponde el abono del salario a través de la prestación de maternidad. Esta ayuda recibida viene a ser equivalente a las bases de cotización de una trabajadora y de la que ahora el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entiende que procede la devolución de la retenciones por la prestación de maternidad que fueron realizadas por la Administración Tributaria.

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid enmienda la plana a la Agencia Tributaria, quien siempre había defendido que esta ayuda debe tributar en el impuesto de la renta como un rendimiento del trabajo. El criterio ajustado a derecho, pasa por la procedencia de la devolución de la retenciones por la prestación de maternidad a la trabajadora que disfrutó de su baja, puesto que el Tribunal madrileño entiende que la prestación por maternidad entra dentro de las rentas exentas que contempla la Ley sobre el impuesto de la renta del personas físicas.

 

Para el caso concreto que conoció el Tribunal, se ha reconocido el derecho de la trabajadora reclamante a la rectificación de su declaración de la renta en el año 2009, lo que a efectos prácticos ha supuesto el reconocimiento al derecho de una devolución de 3.135,11 Euros más los intereses legales correspondientes siendo la Sentencia no susceptible de recurso de casación.

 

De esta manera para todos aquellos padres y madres que desde el año 2012 en adelante percibieron la prestación por maternidad podrán ahora presentar una solicitud ante Hacienda para que se les practique una rectificación en el impuesto de la renta del año correspondiente, y así instar a la Agencia Tributaria para que les reconozca su eventualderecho a la devolución de la retenciones por la prestación maternidad.

 

La materialización de este derecho no es un proceso ni sencillo, ni rápido ni mucho menos automático, puesto que requiere de una solicitud previa de la devolución ante la Agencia Tributaria, seguido (en caso de ser negativa la resolución) de una reclamación económico-administrativo, y posteriormente (en caso de ser seguir siendo negativa la resolución tributaria) la interposición de un recurso contencioso-administrativo, esta vez ya ante un órgano judicial. No es preciso decirlo, pero casi con toda seguridad la Administración Tributaria hará uso del viejo aforismo administrativo de "sostenella y no enmendalla" (sostenerla y no enmendarla) y denegará sistemáticamente la devolución, pero con esto se consigue interrumpir el plazo de prescripción de 4 años para ejercitar el derecho a la devolución de los impuestos indebidamente abonados, para luego posteriormente acudir al amparo de los Tribunales de Justicia.

 

Para todos aquellos que en este año hayan sido padres o que vayan a serlo en el futuro, lo más recomendable es que sigan el criterio marcado por la Agencia Tributaria y tributen por la prestación por maternidad según la interpretación normativa que hace la administración. Si bien posteriormente, y si así lo estiman, iniciar el mismo recorrido descrito, para pedir la devolución de las retenciones por la prestación de maternidad. Actuar de otro modo, tan solo podría llevar aparejada una sanción de Hacienda por no tributar por la prestación por maternidad recibida.

 

En cálculos generales se estima que la Seguridad Social destina cada año alrededor de 1.600 millones de euros para el abono de las prestaciones por maternidad y Hacienda ingresa en concepto de IRPF en torno a 256 millones. Extrapolando estos datos, el impacto de la devolución de la prestación por maternidad desde el año 2012 al 2016 podría suponer la devolución de más de mil millones de euros a los ciudadanos y beneficiarse de ello más de un millón de contribuyentes, que al amparo de esta resolución judicial parece que ingresaron mayor cantidad de la debida en las arcas públicas.

 

 

 

 

 

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16
Jul

LA AUSENCIA DE CONVENIO COLECTIVO PROPIO EN LOS AYUNTAMIENTOS.

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             El artículo 177.2 del TRRL del 86 establece que el régimen de las relaciones del personal laboral será en su integridad por el establecido en las normas del Derecho Laboral, en similares términos se pronuncia el artículo 7 del EBEP, cuando fija que la normativa aplicable para el personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas, será la resultante de la legislación laboral y demás normas convencionalmente aplicables, así como  los preceptos del EBEP que los sujeten expresamente. Por lo tanto, y sucintamente, el marco normativo para este tipo de personal, no poco numeroso dentro de la administración local, será el que viene establecido tanto por el propio contrato de trabajo del empleado, por el Estatuto de los Trabajadores, el EBEP (en aquellos preceptos que así se disponga expresamente) por la Relación de Puestos de Trabajo (si esta existiera) y el Convenio Colectivo del Ayuntamiento o Ente Local.

             Pero hoy nos vamos a detener en este último aspecto, ya que si bien la negociación colectiva ha crecido en las medianas y grandes corporaciones, no es menos cierto que una gran mayoría de los pequeños municipios españoles, y otros entes locales de reducido tamaño, carecen de un convenio colectivo propio negociado entre el Ayuntamiento y los representantes de los empleados municipales con contrato laboral. La inexistencia de convenio colectivo propio municipal produce una enorme inseguridad jurídica tanto para la Corporación como para los trabajadores, ya que son numerosos  los aspectos de las relaciones laborales que no están reguladas ni en el Estatuto de los Trabajadores ni en EBEP ni en la legislación administrativa local, y que en su caso, se remiten al convenio colectivo, entre otras: régimen y estructura salarial, jornada, horario, carrera, promoción profesional, régimen de sanciones, etc.

             Dentro del anterior marco normativo, no se encuentra la solución a esta falta de convenio colectivo, pues ni el EBEP, ni TRRL del 86, ni la LBRL contemplan distintas situaciones que la referencia hacia los convenios y no suplen su ausencia con otras normas convencionales o legales a aplicar. Entonces ¿qué hacer ante la ausencia de convenio colectivo propio? La respuesta ha de venir de la mano de la interpretación jurisprudencial a esta laguna jurídica. En un principio parecía claro que la ausencia de convenio no implicaba el sometimiento del Ayuntamiento a ningún otro, y así el Tribunal Supremo rechazaba que un Ayuntamiento pudiera formar parte de una organización empresarial (Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de junio de 1999), y no fue hasta mediados de la pasada década, tras las Sentencias de 7 de octubre de 2004  y de 1 de junio de 2005, cuando el Supremo da un giro de 180 grados a su anterior doctrina y asume que cada Ayuntamiento puede ser una organización empresarial (o empresa) y de este modo puede negociar su propio convenio colectivo, y resultar que ante la ausencia de de convenio colectivo propio resultará de aplicación aquel convenio colectivo sectorial del sector privado, ya sea este provincial, autonómico o estatal. De este manera la línea jurisprudencial marcada por el Alto Tribuanl, va incluso más allá y concluye que no existirá un solo convenio aplicable, si no que “de facto” existirán tantos convenios colectivos aplicables dentro del ente local como actividades desarrollen sus trabajadores, es decir, deberá aplicarse el convenio sectorial relativo a cada una de la actividad o actividades, que siempre serán diversas, que puedan desarrollar los trabajadores del Ayuntamiento.

             No puede negarse que la solución jurídica dada por la jurisprudencia del Supremo resuelva el vacío legal existente de un manera inmediata y para casos concretos de conflictividad laboral, pero ello no obsta para que el seguimiento de su doctrina conlleve al gestor local no pocos problemas y “agravios comparativos” subjetivos entre sus empleados municipales sometidos al régimen laboral.

 

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09
Jul

ART. 542 CP. IMPEDIMENTO EN EL EJERICIO DE UN DERECHO. DELITO DE RESULTADO.

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Establece el Artículo 542 del Código Penal:

 Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes.

No ha de perderse de vista, que en el Estado de Derecho descansa la obligación de garantizar el disfrute de dichos derechos cívicos y no meramente ha de quedar su actuación reducida a un mero reconocimiento formal de estos, y por ello en defensa de la posición del más débil, frente  a conductas obstaculizadoras o impeditivas, debe usar el instrumento de coerción más poderoso de que dispone el Ordenamiento Jurídico: la sanción pena. De tal manera que de no fijarse sanciones y penas a aquellos funcionarios y autoridades que, con conocimiento de causa y en abuso de su posición, impidiesen el libre ejercicio de los derechos a los ciudadanos, el reconocimiento de aquellos derechos cívicos y fundamentales resultaría poco más que “papel mojado”. De ahí la relevancia del artículo 542 del Código Penal, cuya norma de interpretación pasa  fundamentalmente la Constitución, por ser esta  la norma en al que se proclaman los derechos fundamentales de la persona.

 Los elementos del tipo son:

 a) Subjetivo.- El sujeto activo del delito ha de ser necesariamente una autoridad o funcionario público en el ejercicio de las funciones propias de su cargo. Conforme a los amplios términos que al respecto ofrece el artículo 119 del Código Penal, no basta con la condición « in genere » de funcionario público, sino que el mismo ha de participar en el ejercicio de las funciones relacionadas con los derechos de que se trata.

 b) Objetivo.- La conducta típica ha de consistir en una acción u omisión de impedimento total del ejercicio de un derecho. Por tanto, no es suficiente con una mera acción dilatoria (principio de mínima intervención del derecho penal),  sino que, aún existiendo un propósito deliberado de cercenar el ejercicio del derecho, vendrán a resultarán atípicas aquellas conductas que paralicen momentáneamente o retarden el ejercicio de dicho derecho cívico o fundamental, y resultarán típicas aquellas otras conductas que impidan de manera definitiva el disfrute de aquel derecho. Es decir, y dado el carácter absoluto e incondicionado del artículo, se trata de un tipo que se perfecciona con el resultado y bloqueo definitivo para ciudadano que, por “gracia” del actuar administrativo, se queda desamparado ante un derecho previamente reconocido.

 

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02
Jul

LA INDEMNIZACIÓN A SATISFACER PARA LOS "INDEFINIDOS NO FIJOS"

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   Una de la figuras que con mayor habitualidad se encuentran dentro de las plantillas orgánicas del personal municipal, es la del llamado “”indefinido no fijo de plantilla”. Figura de creación jurisprudencial y que, en esencia, abarca a aquel empleado municipal, que por cualquier circunstancia (abundante es la casuística y numerosos los motivos) ha accedido a la función pública por procedimientos, digamos, no respetuosos con los principios de mérito y capacidad.

   El principal problema radica para la administración – y para el trabajador- cuando aquella, y por causas siempre objetivas, debe amortizar esa plaza ocupada irregularmente. Bien sea por que la misma ha de ser cubierta mediado un procedimiento legal - arrepentidos los quiere el Señor- amparado bajo principios de igualdad, mérito y capacidad; o bien por cuestiones de insuficiencia presupuestaria, que hacen inviable el sostenimiento de un servicio y por consiguiente, el despido de los empleados que hasta esa fecha lo prestaban, o incluso por razones de reorganización administrativa tras la implantación o modificación de la Relación de Puestos de Trabajo o de la plantilla orgánica de personal.

   Pues bien, desvelada la realidad ante nuestros ojos, la mayor de las preocupaciones, una vez descartadas todas las “cuestiones sentimentales” hacia esa persona que venía ocupando el puesto, y que por norma general, lo hacía con notable actitud, viene a ser: ¿cuánto le corresponde en su finiquito por concepto de indemnización?.

  La más reciente Jurisprudencia del Tribunal Supremo (entre otras, las sentencias de 22 de julio de 2013, 25 de Noviembre de 2013 y 21 de Enero de 2014, esta última dictada en unificación de doctrina) viene a contestar a esa pregunta, y así determina que la correcta interpretación de la normativa pasa por la aplicación de la Disposición Transitoria Decimotercera de Estatuto de los Trabajadores, y para aquellos contratos celebrados antes del 31 de diciembre de 2011, la indemnización a satisfacer a los “”indefinidos no fijos” debe corresponderse con la equivalente a 8 días de salario por año de servicios.

 

 

 

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12
Sep

LAS "OSCURAS INTENCIONES" TRAS LA RENUNCIA Y DESESTIMIENTO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA

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El desistimiento al procedimiento y la renuncia a la celebración del contrato vienen regulados en el artículo 155 del  TRLCSP. La diferencia entre ambas figuras radica en el fundamento que las impulsa, obedeciendo el desistimiento a una infracción de las normas y la renuncia a motivos de interés público. Tanto una como otra deben quedar justificadas en el expediente administrativo, existiendo un límite añadido en la renuncia ya que articulado este mecanismo la administración  no podrá promover una nueva licitación de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para su fundamento.

Pero ambas instituciones puede servir para dar cobertura a  “oscuras voluntades” de la administración licitadora, dado que arduo trabajo se configura aquel tendente a argumentar el tan traído “donde dije digo, digo Diego”.  

Así, si el desistimiento puede acogerse (en una interpretación bondadosa) como una defensa “a priorí” del procedimiento, en aras de evitar un conflicto judicial, o como un instrumento de reconstrucción del contrato, también puede destaparse como una forma de modificar los pliegos una vez iniciada la licitación y una vez han sido conocidos, con nombres y apellidos, los licitadores y candidatos.

Pero si ya el camino del desistimiento al procedimiento es complicado aunque salvable, el que lleva por los vericuetos de la renuncia se hace intrincado y pedregoso; por que no se ha de olvidar que por mor del Art. 22 del TRLCSP,  y como acto preparatorio de todo contrato administrativo, se exige la exacta definición previa de las necesidades a satisfacer con el contrato proyectado, y es difícilmente entendible que una  vez ha sido asumida una necesidad pública, ha quedado proyectada, afirmada su idoneidad y encontrada el medio contractual, de repente, el órgano de contratación, por arte de “birlibirloque” decide que no sigue adelante con una licitación tendente a satisfacer esa necesidad pública, y la cual si existía momentos antes.

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31
Jul

¿QUÉ HACER ANTE LA MOROSIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN?

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Pareciera ser que nuestra Administración Pública gustara de incumplir la ley. Pareciera ser que fuera de su agrado el engullir ingentes cantidades de facturas para después deglutirlas en un cajón, a la espera de que por mor de la falta de luz y el tiempo transcurrido, estas desaparecieran y se esfumaran. Pareciera ser, por que no decirlo, que esta Administración tuviera un alma sádica y disfrutara viendo como a sus sufridas pequeñas empresas y autónomos les recorre una gota de sudor frío por la espalda cuando llega el cierre del trimestre y aún no han les ha pagado los últimos trabajos que le prestaron.

Pareciera ser, ¿verdad?

Ante esto, como ante otros muchos recodos vitales, se pueden tomar dos alternativas, la primera pasará por el “esperar y callar”: Esperar con resignación cristina a que nuestra factura resucite del “cajón de impagadas” y callar por el miedo a que nos pongan una cruz y pasemos al limbo de aquellos que no volvieron a trabajar para esta Entidad… La segunda, pasa por ser conocedor de los derechos que nos asisten y de hacerle saber a la Administración que los plazos legales son iguales para todos.

Así, y una vez superados los 30 días siguientes de plazo establecido en el art. 216.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, a contar desde la fecha de aprobación de los documentos que acrediten la conformidad con lo dispuesto en el contrato respecto a los servicios prestados, la administración entrará en mora y por tanto el apesadumbrado contratista podrán reclamar por escrito a la Administración contratante el cumplimiento de la obligación de pago y, en su caso, de los intereses de demora. Si, además y tras esa reclamación  transcurre un nuevo plazo de un mes, sin que la Administración conteste, se entenderá reconocido el vencimiento del plazo de pago y los contratistas podrán formular recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración, pudiendo solicitar como medida cautelar el pago inmediato de la deuda. El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo que la Administración acredite que no concurren las circunstancias que justifican el pago o que la cuantía reclamada no corresponde a la que es exigible, en cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última. La sentencia condenará en costas a la Administración demandada en el caso de estimación total de la pretensión de cobro.

 

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23
Jul

LA UTILIDAD PRÁCTICA DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO

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Ciertamente, y no creo que vaya descubrir nada nuevo cuando afirmo sin ningún rubor que un elevadísimo número de entes locales, sobre todo los de pequeño y mediano tamaño, carecen por completo de instrumentos de organización de los recursos humanos.  Esta deficiencia trae lógicos problemas: empleados laborales temporales que por “arte de magia” y el sucesivo encadenamiento de contratos se transforman en indefinidos, funcionarios desmotivados a los que se les coarta su derecho a la promoción y al desarrollo de una carrera administrativa, exceso de efectivos dentro de la organización, complemento específicos injustificados, palos y zanahorias repartidos por la autoridad de turno en función del afecto o desafecto hacia uno u otro personal, etc, etc. Estos entes locales funcionan solamente con la aprobación de plantilla de personal, la cual es tan solo un instrumento de perfil contable, que da soporte al capítulo uno del presupuesto de gastos, y ya sea por falta de previsión, ya sea por falta de un correcto asesoramiento “malgastan” recursos públicos mes tras mes en las nóminas del personal.

Por que dejando por el momento a un lado la obligación legal establecida en los artículos 90.2 de la LBRL,  el 126 del RDL 781/1986 y 74 del EBEP, la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (o RPT) debe tener como objetivo principal el poder utilizar las técnicas de búsqueda, selección y evaluación de personal, que nos permitan alcanzar los fines de la organización municipal, satisfaciendo las necesidades  tanto de los ciudadanos y administrados, como de los empleados que la integran.

Desde el punto de vista de la organización, y atendiendo a la especial naturaleza de una Entidad Local, los objetivos que se deben alcanzar vienen en esencia a coincidir, con la prestación  eficaz e eficiente de los servicios que les encomienda tanto la LBRL como la LALA (en el caso de Aragón). Así la RPT constituye la esencia misma de la productividad de una organización. Es decir, conforme vamos avanzado en el tamaño de un Ayuntamiento, las necesidades de organización pasan desde un sistema básico de mando y funciones, hacia sistemas de trabajo que requieren ser regulados y establecidos, para que sean conocidos tanto por los responsables de la organización (Alcalde y Concejales) como por los integrantes de la misma (empleados públicos municipales). Por ello, se hace absolutamente preciso la implantación de un sistema organizativo (RPT fundamentalmente) que analice, describa, clasifique, organice, diseñe y gestione una organización laboral con cierto grado de complejidad. Esta tarea, no exenta de dificultades, a la larga facilita al buen gestor municipal el conocimiento de su organización, de tal manera que éste pueda tomar las decisiones más adecuadas que le permitan llegar tanto a los objetivos que legalmente le han sido dados como a aquellos a los que se ha comprometido en su programa político, y hacerlo de una manera más justa con sus empleados,  más eficaz para sus ciudadanos y de mayor eficacia para con su Ayuntamiento. 

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